Pasiones en Washington en torno al caso de Meta
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, conocida como FTC, ha sufrido una derrota notable: el juez James Boasberg dictaminó que Meta no es un monopolio ilegal. Para una agencia que lleva años intentando limitar la influencia de los mayores gigantes tecnológicos, fue un golpe duro. Pero aún más interesante fue la forma en que reaccionó la FTC.
En los comunicados habituales tras perder un caso suelen aparecer fórmulas aburridas sobre la «decepción» y el «análisis de los próximos pasos». Y, en efecto, una parte del comunicado de la FTC fue así. Sin embargo, la segunda parte se convirtió inesperadamente en un ataque político abierto contra el propio juez.
El portavoz de la comisión, Joe Simonson, afirmó que «las cartas estaban repartidas en nuestra contra desde el principio, con el juez Boasberg, que ahora se enfrenta a artículos de impeachment». Se refería al intento de un congresista republicano de iniciar un proceso de destitución contra Boasberg tras varias decisiones suyas desfavorables para los republicanos.
Así, la derrota de la FTC en el caso de Meta se convirtió inesperadamente en otro episodio de la lucha política. La Administración de Donald Trump ha presentado un recurso de apelación, y ahora muchos se preguntan qué hay detrás. ¿Es un deseo real de revisar el caso o una nueva vuelta de tuerca en la guerra contra un sistema judicial que, según algunos políticos, actúa de forma «sesgada»?
El hecho es que, en lugar de un árido debate jurídico, volvemos a ver cómo un gran litigio antimonopolio se convierte en un espectáculo político en el que cada parte defiende no solo sus argumentos, sino también su ideología.
PEREC.RU
La política vuelve a apropiarse de lo que debería haber sido un asunto jurídico y aburrido. La decisión del juez Boasberg en el caso de Meta parecía una derrota corriente para la FTC. Pero la comisión pensó: ¿para qué callarse, si puede acusar al juez de parcialidad? Así nace un nuevo género: el drama antimonopolio con elementos de thriller político.
Simonson recurre a la amenaza de impeachment para insinuar que el proceso fue «injusto». El origen de las quejas es un congresista republicano cuyos intereses no coincidieron con las decisiones del juez. ¿Casualidad o una forma conveniente de contarlo? Que el espectador decida.
La Administración de Trump presenta un recurso. En teoría, para impugnar la decisión. En la práctica, para seguir debilitando el poder judicial, cuya actuación lleva años provocando el descontento de algunos. Esta estrategia se ha vuelto tan habitual que ya suena casi como ruido de fondo.
Meta se queda al margen, observando cómo su caso se convierte en un espectáculo político. La empresa es aquí casi una figurante. Los papeles protagonistas son para funcionarios, políticos y abogados, que vuelven a usar el sistema judicial como escenario para viejas rencillas. La jugada es conocida, las acciones se repiten y los actores son los de siempre.
La historia podría servir de ejemplo para un debate serio sobre la política antimonopolio. Pero, en vez de eso, tenemos una función agotadora en la que nadie intenta ocultar sus motivos. Unos defienden su influencia, otros sus posiciones y otros sus agravios. La cuestión jurídica queda sepultada bajo una capa de retórica política.
Otro episodio de la gran serie sobre cómo las instituciones se convierten en instrumentos de lucha. Y esta serie no parece que vaya a desaparecer de la parrilla.
