Las nuevas leyes sobre dislexia en EE. UU. no han mejorado la alfabetización

En los últimos veinte años, casi todos los estados de EE. UU. han aprobado leyes para detectar y apoyar a los escolares con dislexia. Sin embargo, estas amplias reformas no han logrado mejorar de forma significativa ni el diagnóstico ni la capacidad de lectura de los niños. El análisis de los datos educativos nacionales muestra que, tras la entrada en vigor de las nuevas normas, algunos estados registraron avances en lectura entre los alumnos, pero en la mayoría de las regiones la alfabetización de los niños con dificultades de aprendizaje no cambió o empeoró. Estas conclusiones se han publicado en la revista Annals of Dyslexia.

La dislexia es un trastorno del procesamiento del lenguaje en el cerebro. Al niño le cuesta reconocer las palabras con precisión, lo que convierte la lectura fluida en un auténtico reto. Se calcula que entre el 5 y el 15 % de los escolares estadounidenses se ven afectados por este trastorno. Sin apoyo temprano, los problemas de lectura persisten durante mucho tiempo y repercuten negativamente no solo en los estudios, sino también en la vida social, las emociones y la carrera profesional.

Antes de los años 2000, casi nadie mencionaba seriamente la dislexia en las leyes. El cambio llegó gracias a los movimientos por los derechos de los alumnos: muchos estados aprobaron leyes para ayudar a estos niños. Incluyen cribados tempranos, formación especial para docentes o una definición formal del término, pero varían mucho de una región a otra.

Sin embargo, los expertos en educación no encuentran una relación clara entre las reformas y los resultados. Un equipo encabezado por el investigador Eric Hangyu Hu analizó datos federales sobre los resultados de lectura de alumnos de cuarto curso entre 2003 y 2022. El estudio abarcó 47 estados.

Los resultados mostraron que no se produjo el aumento esperado del número de diagnósticos. En 26 estados, la detección de trastornos específicos del aprendizaje apenas cambió tras la aprobación de las leyes. En 13 aumentó y en ocho incluso disminuyó.

En cuanto a los resultados medios de lectura de los niños con esos trastornos, las leyes analizadas solo mejoraron ligeramente los indicadores en Arizona, Misisipi, Nevada y Oklahoma. En 20 estados la situación empeoró y en otros 23 apenas cambió.

Una de las razones es que las «leyes sobre dislexia» suelen limitarse a definir el concepto, sin asignar fondos concretos ni establecer requisitos estrictos. El reconocimiento formal no cambia lo que ocurre en el aula, y tampoco suele exigirse un diagnóstico para recibir educación especial. Algunos niños se apañan en la escuela ordinaria.

El principal problema es la pandemia y la caída del nivel de lectura en todo el país. Lo más probable es que el deterioro de los resultados esté relacionado con esos factores y no con la propia ley.

Los autores señalan que sus conclusiones se basan en datos puntuales, no en el seguimiento a largo plazo de alumnos concretos, y que el efecto de las novedades podría aparecer más adelante, cuando los docentes dispongan de herramientas y tiempo para volver a formarse.

Para evaluar la situación de forma adecuada, es necesario mejorar el registro de los niños con dislexia y hacer un seguimiento más preciso de sus progresos. De poco sirve hacer un cribado si, tras detectar el problema, no se ofrece un apoyo completo y claro. El estudio «Assessing the impact of dyslexia laws on identification and reading achievement: an empirical analysis», escrito por Eric Hangyu Hu, Kristin L. Saeski y Paul L. Morgan, lo explica en detalle.