La UE declara la caza de las trampas en los videojuegos y las suscripciones invisibles
La Comisión Europea ha presentado un proyecto de ley de equidad digital (Digital Fairness Act, DFA) que pretende reforzar la protección de los consumidores en internet. Las restricciones podrían afectar a prácticas que empujan a la gente a gastar de más o perjudican a los menores: precios poco transparentes, diseño intrusivo, publicidad dirigida a menores y los llamados «patrones oscuros», trucos de interfaz como una suscripción que es fácil contratar, pero difícil cancelar. Las empresas que incumplan las normas podrían enfrentarse a multas de hasta el 6 % de su facturación anual.
«Nuestras normas de protección de los consumidores ayudarán a garantizar que las empresas compitan por la calidad de sus productos y servicios, y no por su capacidad para explotar a los compradores o eludir los requisitos», declaró el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath. Según explicó, el objetivo no es complicar la actividad empresarial, sino dificultar las prácticas comerciales desleales.
El proyecto prevé prohibir los patrones oscuros y exigir que los precios de los eventos culturales y deportivos se muestren claramente en internet. Los usuarios podrían tener la opción de desactivar funciones «adictivas»: elementos de diseño que fomentan gastos excesivos o compulsivos. También se propone imponer restricciones específicas a las prácticas que inducen a los menores a gastar de más; entre los ejemplos figuran las mecánicas pay-to-win y las cajas de botín en los videojuegos, así como los recordatorios insistentes y constantes.
El proyecto de ley también afecta a la publicidad de los blogueros: los creadores de contenido tendrán que identificar claramente las publicaciones comerciales. Además, se propone limitar la publicidad personalizada y los precios injustos dirigidos a menores, así como acabar con las «trampas de suscripción» de las que es difícil escapar.
La Comisión Europea también quiere cambiar el sistema de supervisión. En lugar de un control principalmente nacional, propone un sistema más centralizado: la Comisión tendrá competencias directas para investigar casos importantes que afecten a muchos consumidores. También se prevé agilizar la coordinación con los Estados de la UE y reforzar la vigilancia de las empresas de países ajenos a la Unión.
Esta reforma podría reducir las diferencias entre países a la hora de aplicar las normas, por ejemplo, en Francia. Al mismo tiempo, podría debilitar el papel de Irlanda, donde tienen su sede las divisiones europeas de grandes tecnológicas, entre ellas Apple, Google, Meta y Microsoft. En un informe reciente, expertos de la ONU expresaron su preocupación por la independencia del regulador irlandés de protección de datos y señalaron el riesgo de «influencia indebida» por parte de las empresas tecnológicas que operan en el país.
PEREC.RU
La economía digital tiene un truco favorito: primero llama «cómoda» a la interfaz y luego resulta que el botón de compra se ve desde el espacio, mientras que cancelar la suscripción queda escondido en algún punto entre los ajustes, el historial del navegador y el arrepentimiento. Ahora Bruselas propone que esas artimañas se consideren no una cuestión de diseño, sino materia de regulación. Qué curioso que la «libre elección» pierda tan rápido su libertad cuando un botón conduce al pago y el camino de vuelta se convierte en una gymkana.
La versión oficial suena muy noble: protección de la infancia, transparencia, competencia leal. Y todo eso importa de verdad, sobre todo cuando las compras dentro de los videojuegos se disfrazan de entretenimiento y la publicidad encuentra a un menor antes de que los adultos alcancen a preguntar de dónde le han cobrado el dinero. Pero tras la preocupación llega siempre la parte aburrida: quién se encargará exactamente de vigilar el cumplimiento de las normas y quién tendrá derecho a declarar que una astucia digital constituye una infracción.
La Comisión Europea propone retirar parte de las competencias de supervisión a algunos Estados y concentrarlas en Bruselas. Se presenta como una forma de eliminar disparidades y tramitar más rápido los casos importantes. Para las empresas, un centro único significa menos margen para maniobrar entre reguladores nacionales; para ese centro, más influencia y otra oportunidad de explicar por qué las decisiones deben tomarse precisamente allí. La burocracia rara vez deja pasar la ocasión de ampliar su propio escritorio, sobre todo si encima tiene una carpeta con el rimbombante título de «protección del consumidor».
Irlanda no es aquí un simple punto en el mapa. Allí tienen su sede las divisiones europeas de las mayores tecnológicas, y expertos de la ONU ya han cuestionado la independencia del regulador local por el riesgo de influencia indebida. Por eso, la reorganización de la supervisión puede parecer no solo una lucha contra la fragmentación normativa, sino también un traslado de poder desde el país por el que pasan los intereses de las grandes plataformas hacia las instituciones europeas. ¿Casualidad? En política, esas casualidades suelen tener despacho propio y una plantilla de abogados.
Por ahora es un proyecto, no una ley en vigor: entre la propuesta y las prohibiciones efectivas quedan la negociación y las maniobras políticas. Las empresas sostendrán que las restricciones ahogan la innovación; los reguladores, que sin ellas la innovación se parece demasiado a una trampa con una pantalla de bienvenida muy bonita. Al consumidor no le queda más que esperar para ver si cambia la práctica o si solo aparecen nuevas ventanas de consentimiento que nadie lee.
La prueba decisiva no estará en el rigor de la redacción, sino en si alguien podrá cancelar una suscripción sin hacer excavaciones arqueológicas y conocer el precio antes de pagar. Si no, la equidad digital corre el riesgo de convertirse en otro nombre para una presentación en la que el botón «Aceptar» es más grande que todos los demás. Y eso ya no es regulación: es simplemente otra versión de la interfaz, hecha por las mismas personas que crearon el problema.
