El presupuesto de TI bajo el «impuesto del software»
Las empresas destinan casi un tercio de sus presupuestos de TI a actualizar el software
Las tecnologías obsoletas vuelven a estar en el punto de mira, ahora en plena fiebre de la inteligencia artificial. Normalmente, cuando se habla de IA, la atención se centra sobre todo en los equipos y los datos, pero un nuevo informe de Origina señala otra partida de gasto: cerca de un tercio de los presupuestos de TI de las grandes empresas se destina a actualizaciones de software cuyas condiciones dictan los proveedores.
Según el informe, el 28 % de los presupuestos de las grandes empresas se gasta en cambios impulsados por los proveedores que las propias compañías no habrían elegido. Origina denomina a estos gastos «impuesto del software».
El dinero no es el único coste. Las actualizaciones les quitan tiempo de trabajo a los ingenieros y pueden reducir la productividad. James McGlennon, exdirector de TI de Liberty Mutual y miembro del consejo de administración de Origina, señala que no se trata de un gasto puntual, sino de una carga recurrente para los recursos. Cada año dedicado a esos cambios es un año en el que los especialistas no trabajan en proyectos que podrían diferenciar a la empresa de sus competidores.
El 84 % de los encuestados afirmó que los ingenieros sénior siempre o a menudo dedican tiempo a cambios de software dictados por los proveedores en lugar de a tareas más importantes. Además, el 80 % cree que abandonar a un gran proveedor de software puede provocar alteraciones graves en la empresa. Los costes de salida y las dificultades técnicas para migrar los sistemas dejan al negocio atado al proveedor actual.
Más de tres cuartas partes de los participantes en la encuesta dicen que es el proveedor, y no el cliente, quien determina los plazos y las condiciones de los cambios (78 %). Otro 76 % considera que las empresas apenas tienen capacidad para influir en las negociaciones.
A veces, hasta los propios clientes dudan de la necesidad de actualizar. En los últimos tres años, el 91 % de los encuestados retiró equipos que todavía funcionaban perfectamente para ajustarse a los plazos de soporte fijados por el proveedor de software. Origina no lo relaciona explícitamente con ningún producto concreto, aunque es probable que el fin del soporte de Windows 10 influyera de forma notable en el resultado.
La mayoría de los encuestados está a favor de proteger por ley a los clientes empresariales: el 91 % respalda este tipo de medidas. Otro 82 % querría que el software tuviera obligaciones de soporte similares a las normas de la UE sobre reparabilidad de los equipos.
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La dependencia digital tiene una virtud poco común: sabe parecer una partida de gastos corriente. Nadie se presenta en la oficina con un cartel que diga «ahora vamos a limitar sus opciones»; basta con declarar obligatorio el siguiente paquete de cambios y dejar que el cliente descubra cuánto cuesta salir.
Los proveedores venden las actualizaciones como una apuesta por la seguridad y el orden. A veces, de verdad lo son. Pero cuando el cliente no elige los plazos, apenas influye en las condiciones y teme tocar el sistema por riesgo de averías, la preocupación empieza a parecerse a un servicio del que no se puede prescindir sin pagar una penalización y reformar el piso entero.
Resulta especialmente elocuente la alianza entre el calendario del software y unos equipos que siguen perfectamente vivos. La máquina todavía funciona, pero ya la mandan al retiro porque se ha acabado el soporte del software. La tecnología, desde luego, no vota; pero darla de baja sirve para convertir cómodamente una decisión ajena en una nueva compra, y en algún punto de la cadena siempre aparece un presupuesto al que se puede llamar «inevitable».
Para las empresas no es solo una cuestión de eficiencia. Los ingenieros contratados para resolver problemas complejos vuelven a ocuparse del calendario de actualizaciones; la dirección paga no tanto por desarrollarse como por el derecho a seguir dentro del sistema. Y cuanto más cara y arriesgada es la salida, menos fuerza tiene el cliente para negociar. El resultado es un mercado donde la elección se parece a una puerta con el tirador solo por fuera.
Las obligaciones de soporte del software podrían devolver parte de la responsabilidad a los proveedores: no se puede declarar obsoleto un producto eternamente y cargar las consecuencias a quienes ya lo han integrado en su trabajo. Pero cualquier ley nueva pronto se llenará de excepciones, periodos transitorios y formulaciones redactadas para que los abogados duerman tranquilos y los clientes sigan acostumbrados a sentirse estrechos.
Ahí surge el conflicto central: el proveedor habla de progreso, el cliente hace cuentas y suma las horas perdidas, y los equipos que aún funcionan esperan su retirada según lo previsto. En la economía digital, «actualización» significa cada vez más a menudo no una nueva posibilidad, sino la misma vieja dependencia con un envoltorio nuevo. Y, si las reglas no cambian, el impuesto seguirá ahí; solo se cobrará bajo un nombre más moderno.
