
California endurece las normas para los centros de datos que dan servicio a sistemas de inteligencia artificial. El gobernador del estado, Gavin Newsom, ha firmado un paquete de siete leyes: a partir de ahora, los propietarios de estas instalaciones no podrán cargar a los ciudadanos de a pie los costes de la electricidad y de las infraestructuras de servicios públicos.
Los centros de datos son grandes complejos informáticos con servidores que procesan enormes volúmenes de información. Para funcionar necesitan no solo electricidad, sino también agua, que se utiliza, entre otras cosas, para refrigerar los equipos. El rápido desarrollo de la IA aumenta la presión sobre las redes eléctricas y los sistemas de abastecimiento de agua, por lo que las autoridades californianas han decidido cambiar las reglas de pago.
Según los nuevos requisitos, la Comisión de Servicios Públicos de California deberá crear una categoría tarifaria específica para los centros de datos. Esto significa que su consumo se contabilizará por separado del de los hogares y otros clientes, y que los costes no se repartirán automáticamente entre todos los usuarios.
Los operadores de centros de datos también deberán pagar las mejoras de las redes eléctricas y los sistemas locales de agua cuando sean necesarias por el funcionamiento de sus instalaciones. En otras palabras, si un gigante de los servidores necesita reforzar las infraestructuras, la factura no debería aparecer discretamente en los recibos de los vecinos.
Otras leyes establecen requisitos adicionales para los nuevos proyectos. Las compañías tendrán que comunicar a las autoridades locales el volumen previsto de consumo de agua, los datos sobre eficiencia energética y sus planes para los periodos de sequía. Además, los futuros centros de datos deberán respetar los límites establecidos de consumo de energía, agua y combustible.
Las medidas son especialmente relevantes para California, donde coinciden una elevada demanda de electricidad, la escasez de agua y las sequías recurrentes. El estado intenta obligar a la industria de la inteligencia artificial a asumir el coste real de su crecimiento: no solo el de los servidores y el desarrollo, sino también el de los recursos que utiliza toda la población.
La noticia original no concreta los límites de consumo de energía, agua y combustible ni cuándo se implantará la nueva categoría tarifaria. Solo se sabe que el paquete legislativo busca evitar que los propietarios de centros de datos de IA obtengan infraestructuras a costa de la población.
El texto trata sobre las siete leyes firmadas por el gobernador de California, Gavin Newsom, para regular el consumo energético y el uso de agua de los centros de datos de inteligencia artificial. Estas instalaciones son grandes complejos de servidores que procesan información y requieren muchos recursos: electricidad para hacer funcionar los equipos y, en ocasiones, agua para refrigerarlos.
El objetivo principal del paquete legislativo es impedir que los costes derivados de construir y explotar centros de datos de IA se trasladen a los ciudadanos de a pie mediante las tarifas generales de los servicios públicos. La Comisión de Servicios Públicos de California debe elaborar una categoría tarifaria específica para los centros de datos. Así, su impacto en el sistema energético se contabilizará por separado del consumo de los hogares y otros clientes.
La legislación también establece que los operadores de centros de datos deben pagar las mejoras de las redes eléctricas y de los sistemas locales de agua cuando sus instalaciones hagan necesarias esas obras. Esto significa que los costes de reforzar las infraestructuras no se repartirán automáticamente entre todos los consumidores.
Los nuevos proyectos deberán cumplir requisitos adicionales de transparencia. Los centros de datos propuestos tendrán que comunicar a las autoridades locales el volumen previsto de consumo de agua, los datos de eficiencia energética y sus planes para las sequías. Además, deberán respetar ciertos límites de consumo de energía, agua y combustible.
La decisión responde a las circunstancias de California: el estado sufre escasez de agua, sequías recurrentes y una creciente presión sobre el sistema eléctrico. El desarrollo de la inteligencia artificial agrava estos problemas, ya que la infraestructura informática requiere nuevas capacidades y sistemas de refrigeración.
El material facilitado no especifica los límites concretos de consumo de energía, agua y combustible ni cuándo se establecerá la categoría tarifaria independiente. Lo que sí se sabe es que el paquete busca obligar a los centros de datos de IA a asumir el coste completo de los recursos y las infraestructuras que utilizan, en lugar de convertir a los habitantes del estado en pagadores involuntarios de la expansión de un negocio privado.