
Taiwán ha intensificado la presión sobre las empresas tecnológicas que ocultan el origen chino de sus propietarios. Las autoridades justifican esta medida como una forma de proteger su propia industria de los semiconductores, una de las piezas más importantes de la industria electrónica mundial.
Desde 2020, la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán (MJIB) ha examinado 166 casos relacionados con presuntas participaciones chinas ilegales. En 36 se dictaron condenas. En 33 de ellos estaban implicadas empresas o proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo o el diseño de semiconductores.
La legislación taiwanesa no prohíbe a las empresas chinas operar en la isla, pero exige que obtengan autorización del Gobierno conforme a la ley sobre las relaciones entre ambas orillas del estrecho de Taiwán, la Cross-Strait Act. Según los investigadores, algunas compañías intentaron esquivar estas restricciones ocultando a sus propietarios chinos.
Según informa Rest of World, para ello las empresas creaban sociedades pantalla en terceros países o ponían el negocio a nombre de ciudadanos de otros Estados. Así, parecían taiwanesas o, al menos, no vinculadas a China. Como suele ocurrir, el disfraz jurídico debía hacer menos visible el origen del capital.
Las investigaciones se desarrollan en un contexto de creciente competencia geopolítica. China está aumentando activamente su autonomía en la fabricación de chips, sobre todo desde que Estados Unidos impuso restricciones al acceso a tecnologías avanzadas. Al mismo tiempo, según se ha informado, empresas chinas han intentado atraer a ingenieros taiwaneses ofreciéndoles sueldos hasta diez veces superiores a la media.
La importancia de esta historia se explica por el papel de Taiwán en el mercado mundial. La isla concentra más del 60 % de la producción global de semiconductores y alrededor de nueve de cada diez de los procesadores más avanzados. Por eso, los intentos de captar especialistas taiwaneses son especialmente delicados para la economía y la seguridad tecnológica locales.
«Los especialistas taiwaneses de alta tecnología se han convertido en un objetivo prioritario de contratación para las empresas chinas», declaró la MJIB.
Por separado, la oficina investigó 67 casos relacionados con sospechas de que empresas chinas habían robado secretos comerciales taiwaneses. En los expedientes no aparecían solo pequeñas empresas emergentes: entre las compañías citadas figuraban Xiaomi, OnePlus, Oppo y Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).
Las multas comunicadas en estos casos iban de unos 3.800 a 800.000 dólares estadounidenses. En algunos casos también se mencionaron penas de hasta tres años de prisión.
Taiwán intensifica la lucha contra las empresas tecnológicas que, según las autoridades, ocultan a sus propietarios chinos para eludir los requisitos de la Cross-Strait Act. Esta ley no prohíbe a las compañías chinas operar en la isla, pero las obliga a obtener autorización gubernamental. Para disimular el origen de sus negocios, podrían haber creado sociedades pantalla en terceros países o registrado empresas a nombre de ciudadanos de otros Estados.
Desde 2020, la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán (MJIB) ha examinado 166 casos de presunta propiedad china ilegal. En 36 se dictaron condenas. Treinta y tres estaban relacionados con la investigación, el desarrollo o el diseño de semiconductores, un sector estratégico del que depende la fabricación de la electrónica moderna.
La presión sobre las empresas llega en medio de una creciente competencia geopolítica. China intenta ganar autonomía en la producción de chips, al tiempo que afronta las restricciones estadounidenses al acceso a tecnologías avanzadas. Además, según se ha informado, empresas chinas han tratado de captar ingenieros taiwaneses con sueldos hasta diez veces superiores a la media.
La importancia de Taiwán para la industria mundial de los chips hace que la situación sea especialmente relevante. La isla produce más del 60 % de los semiconductores del mundo y aproximadamente nueve de cada diez de los procesadores más avanzados. La MJIB declaró que los especialistas taiwaneses de alta tecnología se han convertido en un objetivo prioritario de contratación para las empresas chinas.
Además de los casos de propiedad ilegal, la oficina investigó 67 episodios en los que se sospechaba que empresas chinas habían robado secretos comerciales taiwaneses. El informe mencionaba a Xiaomi, OnePlus, Oppo y Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), así que no se trataba solo de pequeñas empresas emergentes.
Las multas citadas en estos casos iban de unos 3.800 a 800.000 dólares estadounidenses. Algunos contemplaban penas de hasta tres años de prisión. La historia muestra que la pugna por las tecnologías de semiconductores se libra en varios frentes a la vez: mediante inversiones, captación de especialistas, estructuras empresariales y tentativas de acceder a secretos comerciales.