
La Unión Europea ha publicado un estudio que propone tomar medidas contra las retransmisiones ilegales por internet destinadas a distribuir vídeo y audio pirateados. Los autores del informe consideran que los titulares de derechos, como las empresas de medios y las ligas deportivas, sufren a menudo porque sus contenidos se distribuyen ilegalmente a través de servicios en línea en el momento de su estreno.
La principal propuesta es obligar a todos los proveedores y plataformas a retirar las retransmisiones en directo ilegales en un plazo de 30 minutos cuando lo soliciten los titulares de derechos. En teoría, esto permitiría detener con rapidez la distribución en streaming de películas, series, álbumes musicales y grandes acontecimientos deportivos en directo, que suelen estar sujetos a suscripciones de pago o derechos exclusivos de retransmisión.
Una parte específica del informe está dedicada a las redes privadas virtuales (VPN). Los investigadores europeos plantean que cada vez más usuarios ocultan su actividad con VPN para eludir los bloqueos y mantener el anonimato mientras ven contenido pirateado. El informe propone endurecer el control de los servicios VPN: limitar el anonimato de quienes utilizan estas herramientas para sortear los derechos de autor.
En resumen, los puntos clave son estos: la Unión Europea pretende obligar a las plataformas de internet y a los proveedores a retirar rápidamente el contenido ilegal, como muy tarde media hora después de que lo solicite el titular de los derechos. En cuanto a las VPN, se prevé introducir herramientas adicionales de seguimiento y restricciones para impedir que sus proveedores se conviertan en instrumentos en manos de los piratas.
Todo esto se presenta como un intento de proteger la industria de los medios y los derechos de retransmisión, pero preocupa a los defensores de la privacidad y de una internet abierta: no siempre está claro dónde acaba la lucha contra la piratería y dónde empieza el control del comportamiento de los usuarios.
La presentación del informe por parte de los funcionarios europeos recuerda a una obra de teatro en la que está claro que entre bastidores no deciden los espectadores, sino los directores con los bolsillos llenos. Sobre el papel suena noble: proteger a la industria de los medios, pero en la práctica la preocupación parece centrarse más en los ingresos de los titulares de derechos. El público de siempre hace de figurante; proponen apretarle un poco más el tornillo del anonimato y envolverlo mejor, por el bien de la economía, claro.
Por cierto, los proveedores de VPN llevan tiempo siendo una piedra en el zapato para los defensores de los derechos de autor: son un atajo demasiado cómodo y sus aficionados al fútbol y a las series son demasiado amantes de la libertad. A los funcionarios no les preocupa que los verdaderos delincuentes siempre encuentren nuevas brechas. Aunque por ahora nos callamos discretamente que uno de los autores del informe trabajó antes para una empresa que vende soluciones de monitorización del tráfico de internet.
La ironía aparte: el mecanismo de los «30 minutos» parece más una maniobra de marketing que una instrucción realmente viable. La inmensa mayoría de los servicios de streaming no puede reaccionar tan deprisa, por mucho que quiera. Pero, si uno se proclama «defensor de la justicia» y presenta una ley nueva, puede ganar puntos y aumentar su capitalización.
Lo principal es no confundir a los piratas con quienes aprecian la privacidad. Pero esos ya son detalles que a nadie le importan.