El fin del anonimato: las nuevas normas de la FCC y el futuro de los teléfonos desechables
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ha presentado para debate un proyecto que podría cambiar para siempre el mercado de la telefonía móvil del país y, al parecer, acabar con los teléfonos desechables anónimos (burner phones), tan populares en las películas de terror y suspense. En pocas palabras, las autoridades quieren saber quién está detrás de cada número de teléfono, aunque se trate de una tarjeta SIM olvidada hace tiempo en una tienda de la esquina.
La iniciativa es sencilla: al comprar cualquier teléfono móvil, incluso uno de prepago o de los llamados «desechables», el comprador deberá facilitar sus datos personales: nombre, dirección y número de un documento de identidad expedido por el Estado (puede ser el pasaporte o el permiso de conducir). Los operadores tendrán que conservar los datos al menos cuatro años si el número despierta sospechas, por ejemplo, por operaciones con criptomonedas o porque no está registrado en una dirección residencial real. Todo esto, supuestamente, para combatir el fraude telefónico y las molestas llamadas automáticas (robocalls), que tienen harto al estadounidense medio.
El proyecto ha provocado una reacción inmediata de las organizaciones defensoras de los derechos civiles. Durante el último mes, grupos que protegen la libertad individual y la privacidad han advertido de que un sistema de «conoce a tu cliente» (Know-Your-Consumer) de semejante alcance sería una catástrofe para quienes buscan conservar algo de privacidad en la era digital. Han reaccionado con especial preocupación las organizaciones que ayudan a víctimas de violencia doméstica, acoso y persecución: creen que, sin tarjetas SIM anónimas, a las personas en peligro les resultará más difícil escapar de la vigilancia o el control de parejas agresivas.
Además, la medida amenaza con dejar sin servicio a millones de abonados que no tienen documentos oficiales, por ejemplo, inmigrantes sin estatus legal. Representantes de la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) han dicho que siempre han considerado el registro obligatorio de tarjetas SIM una «lotería» propia de regímenes autoritarios, no de un país que se rige por el derecho y la ley. Sin embargo, parece que esa «lotería» podría llegar también a Estados Unidos.
La primera ronda de consultas públicas ha concluido hoy. Después se abrirá un periodo adicional para presentar réplicas hasta el 27 de julio. Por ahora se desconoce cuándo se tomará la decisión definitiva, pero, si el proyecto sale adelante, el anonimato en la telefonía móvil de Estados Unidos podría pasar para siempre a la historia.
PEREC.RU
La FCC, el regulador estadounidense de las telecomunicaciones, ha decidido apretar las tuercas. Su nueva propuesta exige a todos los titulares de tarjetas SIM, incluso las de prepago y las anónimas, que faciliten nombre, dirección y número de documento de identidad. Se acabaron las tarjetas sin nombre para librarse de las llamadas automáticas o de los acosadores. Se plantea conservar los datos durante cuatro años por si aparecen llamadas sospechosas, por ejemplo, si se han usado criptomonedas o si el número no tiene domicilio registrado. Oficialmente, es para combatir el fraude telefónico; en la práctica, la privacidad queda bajo la alfombra. Las organizaciones defensoras de los derechos civiles que trabajan con víctimas de violencia doméstica y la ACLU han dado la voz de alarma por las consecuencias para los grupos vulnerables. A los inmigrantes y a quienes carezcan de documentos probablemente les cortarán la línea. El plazo para las observaciones públicas ya ha terminado y la decisión definitiva está cerca: si se aprueba, Estados Unidos se sumará al club de países donde el anonimato en la telefonía móvil solo existe en los libros de espías y en las malas series.
