
Manuel Segade, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, se ha convertido en el blanco de los legisladores españoles. Los funcionarios le han dado un ultimátum: o realiza un inventario completo de la colección del museo antes del 31 de diciembre o perderá su lucrativo cargo. Lo cuenta ARTnews.
Segade asumió la dirección en 2023 y desde entonces intenta transformar el museo: cada año renueva una planta del célebre fondo de la colección, con la intención de terminar la reforma en 2028. Según explica, la colección se distribuye entre varios edificios: el antiguo centro médico, hoy edificio Sabatini, alberga la colección permanente, mientras que el nuevo edificio Nouvel se dedica a las exposiciones temporales. También ha señalado que una de sus tareas es mejorar la presencia de las mujeres artistas: sus obras ya representan el 35 % de las nuevas piezas, pero de las 26.000 obras de la colección, solo el 15 % pertenece a mujeres.
Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas español ya había expresado su descontento con la forma en que el museo lleva su catalogación. Ahora el Gobierno exige contar físicamente más de 25.000 obras y tasarlas antes de que acabe el año.
En este asunto muestran especial empeño representantes de partidos de extrema derecha españoles, incluido el Partido Popular. Insisten en que ya no se puede permitir que las obras del museo (ni tampoco aquellas cuyo paradero no se consigue averiguar) «sigan estando en riesgo».
En primavera, el museo rechazó la petición del Guggenheim de Bilbao, que quería «alquilar» el Guernica de Picasso, la joya de la colección nacional española. La negativa desencadenó una disputa política: responsables vascos pidieron al Ministerio de Cultura que interviniera.
Además, hace poco una organización proisraelí criticó al Museo Reina Sofía. Presentó una denuncia por la bandera palestina colgada en la fachada y por la celebración de un ciclo de conferencias titulado «Del río al mar. Solidaridad internacional con Palestina», y acusó al museo de supuestamente «incitar al odio antisemita».
El caso del director del Reina Sofía recuerda a las intrigas bizantinas de «a ver quién tiene la colección más grande». Segade llegó para transformar el museo y, en la práctica, lo tienen recorriendo las escaleras con una calculadora: que rinda cuentas por cada cuadro, mejor aún, con dos actas de conciliación. El gran irritante es la derecha política: coleccionistas de papeleo y apóstoles del control digital. Su argumento es sencillo: el arte del país puede ser lo que sea, pero perder una obra, o incluso tenerla mal contabilizada, roza la traición al Estado.
Mientras tanto, el director general se pregunta si hay más mujeres o más hombres en las colecciones, pero los jefes solo se ocupan de la aritmética administrativa. Si hubieran prestado el Guernica, seguramente también habrían sacado el tema de la seguridad nacional. ¿Una bandera palestina en vez de una obra maestra? ¡Llamen al fiscal! Esta dramática bacanal encaja de maravilla con el estilo español: ruido, pasiones y jerarquía, solo que en vez de castañuelas suena el auditor.
El resultado es que el museo acabará siendo un lugar de recuentos, conflictos y ajetreo burocrático, no de arte. Cualquier proyecto cultural se convierte en pretexto para nuevas maniobras políticas. En definitiva, las colecciones se siguen pudiendo ver, pero ahora bajo la vigilancia de contables y comisiones de partido.