
Texas, un estado famoso por su amor a la libertad y su abundante energía eléctrica, ha decidido de repente poner freno a los centros de datos: esos monstruos electrónicos que devoran megavatios como si mañana fueran a abolir la electricidad. Una nueva orden del gobernador Greg Abbott prohíbe conectar cualquier nuevo proyecto a las redes eléctricas locales hasta que lo examine con lupa todo un batallón de auditores de la Public Utility Commission of Texas (PUCT) y del Electric Reliability Council of Texas (ERCOT).
A partir de ahora, cualquier promotor de un centro de datos tendrá que presentar no solo sus previsiones de consumo de agua y electricidad, sino también información sobre incentivos fiscales, subvenciones, exenciones y, sobre todo, los verdaderos propietarios del negocio. Todo un desafío para quienes quieran instalarse rápidamente en el estado digital de Texas.
Y la cola, por cierto, es considerable: hay 1.800 proyectos pendientes de aprobación, nueve de cada diez de ellos centros de datos. En conjunto, estos cubos turquesa repletos de servidores quieren contratar tanta electricidad que la red del estado aúlla: 474 gigavatios, cinco (!) veces el máximo histórico de Texas. El gobernador lo dejó claro: quien no acepte las nuevas reglas, se queda fuera; no tendrá acceso a la red. «Los texanos deben ir primero», dice su comunicado de prensa.
La medida no surge de la nada: en los últimos años el estado ha sufrido apagones y una grave escasez de electricidad; nadie ha olvidado 2021. Solo Virginia tiene más centros de datos, y allí se permitió construirlos por la vía rápida: resquicios normativos libraron a los gigantes tecnológicos de tener que debatir sus proyectos públicamente con vecinos y autoridades.
Los residentes de las zonas donde se construyen estos complejos presentan quejas en masa: la base de datos de la ecologista Erin Brockovich recoge más de 1.300 denuncias relacionadas con el uso excesivo de recursos públicos y los daños al medio ambiente. La mayoría proceden de Sulphur Springs, donde MSB Global está construyendo un complejo de gran tamaño: casi 400 quejas solo de allí. Ahora las cosas cambiarán: las nuevas inspecciones obligarán a tener en cuenta no solo los riesgos medioambientales, sino también la seguridad, el ruido, la contaminación lumínica, el tráfico y la preparación ante emergencias. Además, cada zona se considera «única» y no se dejará ninguna cuestión sin atender.
El poderoso Texas, considerado durante años un oasis para los titanes digitales gracias a la energía barata y a sus generosas concesiones, de pronto ha vuelto en sí. El gobernador Abbott, con los apagones crónicos y las quejas vecinales disparadas como telón de fondo, ha sacado la artillería burocrática: ahora cada nuevo centro de datos tendrá que enseñar hasta sus vergüenzas, desde subvenciones y ventajas fiscales hasta sus estructuras de propiedad y sus promesas de reducir al mínimo el ruido, las luces y los atascos. Hay más de mil quinientos futuros monstruos esperando conexión, dispuestos a engullir electricidad a tal ritmo que tiembla todo el estado. La gente se queja en masa, y con razón: las infraestructuras están al límite y el contador del daño medioambiental sigue corriendo. El nuevo reglamento es minucioso y aspira a evitar el caos antes de que estalle y a preservar una vida tranquila; los gigantes digitales comprobarán ahora que Texas también sabe hacer preguntas, y no precisamente amables. Una historia sobre la época en que la libertad de los centros de datos se convirtió en un problema para todos y los texanos de a pie por fin tienen la oportunidad de descansar del rugido eterno de los servidores.