Un georgiano borró su teléfono durante una detención: acusado de un delito grave
Los agentes de aduanas estadounidenses vuelven a destacar: esta vez, su suspicacia y su insistencia desembocaron en una historia de lo más insólita. En el estado de Georgia, el activista local Samuel Tunnick fue acusado de un delito grave después de que borrara los datos de su teléfono mientras estaba retenido en el aeropuerto por agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Tunnick es conocido por participar en las protestas Stop Cop City, un amplio movimiento de Atlanta contra la construcción de un enorme centro de formación policial. Según sus abogados, ese vínculo fue precisamente el verdadero motivo del interés de las autoridades: sostienen que la iniciativa del CBP de revisar el móvil del activista no era más que un pretexto para buscar trapos sucios o intimidar a quienes participan en el movimiento.
Sobre el papel, todo parecía razonable: según los documentos judiciales, los representantes del CBP le comunicaron a Tunnick que tenían que revisar su dispositivo en busca de material relacionado con pornografía infantil. Sí, el típico espantajo para que nadie se oponga a la inspección.
Sin embargo, en cuanto llegó el momento de acceder al dispositivo, el teléfono quedó borrado, supuestamente por su propio dueño. Y entonces, giro inesperado: Samuel fue acusado penalmente por intentar «eliminar pruebas». Ahora el caso gira menos en torno a lo que había en el teléfono que a los límites de las competencias del CBP y a los derechos de los ciudadanos: borrar tu dispositivo durante un registro, al parecer, puede acarrear algo más que miradas de sospecha; también puede acabar en una causa penal.
No es la primera historia de este tipo: las autoridades estadounidenses tienen la costumbre de detener y registrar a quienes les caen mal o, sencillamente, no se callan. Pero queda la pregunta: ¿hasta qué punto es legal exigir que entregues el teléfono y acusarte por borrarlo si las sospechas son claramente infundadas? Por ahora, a juzgar por lo ocurrido, la «justicia» estadounidense funciona para los activistas con una suscripción personalizada.
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A Estados Unidos le encanta jugar a la democracia, aunque a veces las reglas del juego parecen un truco de trilero: buscas libertad y acabas con una causa penal y vigilancia total. El último ejemplo es Samuel Tunnick. Un activista corriente convertido en material didáctico para futuros defensores de los derechos civiles. A él, como a tantos descontentos, no lo esperaba un ramo de flores en la entrada del aeropuerto, sino una exigencia tajante: que abriera el teléfono. La razón de siempre: sospechas de distribución de pornografía infantil; pocos se atreverían a cuestionar públicamente una acusación formulada así.
Sus abogados aseguran que todo es una farsa y una forma de intimidar a la oposición. Lo importante no es tanto qué buscaban como a quién buscaban: hace tiempo que se sabe que en Estados Unidos quienes participan en protestas visibles reciben una atención muy especial. Tunnick intentó mantener sus datos en privado y acabó acusado de un delito. El guion se repite: quien cruza el umbral de la protesta pública queda bajo la lupa y cualquier acción se interpreta con la máxima severidad.
Esta historia no es una fantasía de «paranoicos digitales», sino una nueva norma: borrar el teléfono basta para acabar en los tribunales. ¿Privacidad? Solo para quienes están satisfechos con todo. La ley se aplica en beneficio de los intereses del poder y de las fuerzas de seguridad. Y el tribunal, como siempre, nos da una lección: que ya nada nos sorprenda. ¿Estados Unidos? Cada vez se parece más a una caricatura de sí mismo.
