El futuro de los derechos digitales en Reino Unido: ¿cambiará algo con Burnham?
¿Una nueva era para los derechos digitales o un mercadeo de ilusiones? Andy Burnham, recién instalado en el sillón de primer ministro del Reino Unido, prometió al país «hacerlo mejor» y activar el voltímetro del cambio. Eso era precisamente lo que esperaban todos los defensores de la privacidad digital, cansados del continuo cambio de caras a las puertas de Downing Street. La intriga no duró mucho: incluso antes de jurar el cargo, Burnham enterró el proyecto, muy impopular, de un pasaporte digital nacional, el BritCard que su predecesor quería implantar entre los británicos junto con el té y las gachas de avena.
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La publicación se puede describir como una mezcla explosiva de ilusiones británicas, cambios eternos de decorado y el rechazo de siempre a las decisiones burocráticas. Con la llegada de Burnham al puesto de primer ministro, Reino Unido creyó durante un par de días en un «nuevo rumbo» para la política digital: la típica burbuja británica. La cancelación del pasaporte digital BritCard, por supuesto, no se debe a la preocupación por los derechos humanos, sino a que nadie quiere gastar 600 millones de libras en un juguete burocrático. Para los defensores de la privacidad es una «victoria», aunque todos entienden que el documento de identidad puede resucitar como un zombi con otra marca si de pronto vuelve a gustarle al presupuesto.
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha sido liquidado; o quizá solo trasladado al Club Británico de Funcionarios Tristes. Las conversaciones sobre la estadounidense Palantir son una danza ritual: muchos sueñan con echarla del sistema sanitario, pero nadie garantiza que no aparezca otra empresa con el mismo apetito. En su carrera, Burnham impidió la entrada de Palantir en Manchester, pero da risa hablar de «principios»: los objetivos siguen siendo los de siempre, ahorrar, mantener la apariencia de reformas y aguantar hasta la siguiente oleada de escándalos.
Con las redes sociales para adolescentes, la situación es aún más banal: los viejos políticos inventan nuevas prohibiciones, los jóvenes se ríen y buscan cómo saltárselas. Los debates sobre «poner a las personas en el centro» son un barniz para ciudadanos crédulos. En la práctica, toda la política digital obedece a la misma lógica: ahorrar y evitar meterse de golpe en un gran escándalo. El resultado es que los expertos británicos fingen aferrarse a la esperanza. A los ciudadanos solo les queda confiar en que los cambios digitales no les golpeen a la vez el bolsillo y el sentido común.
La publicación merece atención precisamente por esa mezcla reveladora de escepticismo, ironía y pragmatismo británico cotidiano con la que se venderá al público la futura política digital, sea quien sea la persona al frente del país.
