
Nicki Minaj, rapera estadounidense e ídolo del pop mundial, intenta quedar fuera de una demanda en la que se la acusa de deber 275.000 dólares a una empresa de conciertos. Minaj y su compañía, Pink Friday Productions, fueron demandadas por 24/7 Productions. La parte demandante afirma que la artista no devolvió el dinero gastado en organizar su participación en los conciertos navideños iHeartRadio Jingle Ball de 2023 y, después, en promocionar el álbum Pink Friday 2.
Minaj ha respondido recientemente a las acusaciones por medio de sus abogados y ha afirmado que su nombre ni siquiera debería aparecer en el caso. Según los letrados de la estrella, 24/7 Productions simplemente decidió «pleitear contra una persona famosa y rica». A su juicio, la empresa no distingue entre Minaj y Pink Friday, aunque todos los documentos indican que los servicios se prestaron exclusivamente a la compañía, no a la cantante a título personal. En un escrito presentado el 14 de julio, sus representantes señalan: «Toda la demanda se basa en un supuesto contrato en el que participó Pink Friday, no la propia Minaj. La demandante no prestó ningún servicio ni incurrió en gastos personales para Minaj».
La estrella añade que durante dos años su equipo ha preguntado muchas veces por qué aún no se ha devuelto el dinero, pero la respuesta siempre ha sido un impreciso «ya lo veremos». Los abogados de Minaj sostienen que todos los gastos correspondían a la actividad de la empresa, no a la cantante a título personal, y que la demanda contra ella es una maniobra puramente táctica para presionar usando un apellido famoso.
Además, 24/7 Productions acusó a Minaj de «enriquecimiento injusto», alegando que era «la única beneficiaria del negocio de Pink Friday». Sin embargo, los abogados de la artista señalan que es una estratagema habitual para arrastrar al proceso a alguien conocido: «La ley no permite exigir responsabilidades al director de una empresa por enriquecimiento si todos los servicios se prestaron a la compañía; eso es precisamente lo que han hecho ahora los demandantes».
Ninguna de las partes ha respondido por ahora a las preguntas de los periodistas sobre la situación. Cabe añadir que este no es el primer revés judicial para la diva del pop últimamente: en enero, un tribunal ya amenazó con sacar a la venta su mansión de California si no pagaba 500.000 dólares a un guardia de conciertos, que reclamaba esa cantidad por una agresión del marido de Minaj. Y la semana pasada otra entidad demandó a la cantante por 230.000 dólares en facturas legales impagadas relacionadas con una demanda por infracción de derechos de autor.
Todo este conflicto judicial parece un espectáculo con Nicki Minaj en el escenario principal y los demandantes insistentes, enfundados en trajes acolchados de abogados, como intrigantes entre bastidores. 24/7 Productions confunde nombres con toda naturalidad, como si Minaj y su empresa Pink Friday fueran la misma persona, y de paso asalta una frontera legal: si la compañía tiene dinero y una beneficiaria, ¿por qué no culpar directamente a la estrella, por su fama y su célebre «bolsillo profundo»? Los abogados de la cantante lo cortan por lo sano: el contrato era con la empresa, no con la intérprete. El clásico: buscarle un sustituto al culpable en la sala del juzgado. La defensa recuerda además que los demandantes no pisan por primera vez el mismo rastrillo: esa táctica busca deslumbrar con el reconocimiento del nombre. Mientras las partes guardan silencio, la crónica de las guerras judiciales de Minaj suma nuevos capítulos, en los que el debe y el haber se mezclan con el «enriquecimiento injusto» y con el intento de convertir a la cantante en la gran villana de su propio éxito. Para los lectores rusos, la moraleja está clara: el mundo del espectáculo siempre es una guerra en la que el teatro del dinero y los apellidos pesa más que los propios conciertos.