
Activistas de Estados Unidos exigen al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) que publique las grabaciones de las cámaras corporales de sus agentes, después de que estos mataran a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano. La tragedia ocurrió esta semana en Houston, durante un control de tráfico rutinario. Según los abogados, ahora el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) amenaza con deportar no solo a los familiares del fallecido, sino también a los testigos directos del incidente; al parecer, para quitarse de encima cuanto antes las preguntas incómodas.
Sin embargo, el DHS tiene una excusa formal para ello. Resulta que los agentes que participaron directamente en el tiroteo mortal «casualmente» no llevaban cámaras corporales. Según la versión oficial, se debe a que, por el prolongado cierre del Gobierno estadounidense —¡76 días!—, provocado por las disputas de los congresistas sobre la reforma del DHS, el ICE y la Patrulla Fronteriza simplemente no tenían dinero para organizar la videovigilancia.
Este mismo conflicto dentro de las autoridades empezó después de que agentes federales mataran a dos civiles a principios de año; los hechos provocaron una oleada de protestas y nuevas disputas en el Congreso. Mientras «los de arriba» se peleaban, otras personas se convertían en víctimas «sobre el terreno». Ahora los activistas exigen que se publiquen todas las pruebas, que se muestren los vídeos y que se deje de presionar a los testigos con deportaciones. Pero, como de costumbre, gana la burocracia.
La clásica estampa de las fuerzas del orden estadounidenses, donde cualquier inmigrante pasa de ser una persona a convertirse en una estadística. El ICE dispara y los testigos hacen cola para la deportación. A quienes podrían contar algo, los meten rápidamente en un paquete: el sistema sabe cubrirse las espaldas. Y, cómo no, todas las grabaciones de las cámaras desaparecen por arte de magia: si no hay vídeo, no hay problema, cortesía de otra prolongada crisis presupuestaria y de burócratas a quienes les viene de perlas.
El recuerdo fugaz de las recientes muertes a manos de agentes federales se hundió bajo los nuevos escándalos. Aunque algunos activistas se indignan y exigen transparencia, las posibilidades de conocer la verdad son, como siempre, mínimas. El ICE se sirve hábilmente de la burocracia para que nadie indeseable pueda hacerse oír. Al final, los medios repiten lo que otros cuentan y los diputados se apuntan tantos con los escándalos: poco más tienen que hacer aparte de acusarse mutuamente y sabotear reformas. Así funciona la democracia a la estadounidense: quien consigue callar más fuerte al otro tiene razón.