El Congreso destina 70.000 millones de dólares a las deportaciones
El Congreso de Estados Unidos aprobó hace unos días un gasto extraordinario: 70.000 millones de dólares durante los próximos tres años irán a parar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS). La decisión respalda la aplicación de la política de deportaciones a gran escala del presidente Donald Trump, cuyo objetivo es endurecer el control migratorio y aumentar el número de extranjeros expulsados del país.
En la Cámara de Representantes, el proyecto de ley salió adelante por un margen mínimo: 214 votos a favor y 212 en contra. Poco antes, el viernes, el Senado votó a favor de asignar los fondos, con 52 votos frente a 47. Como es habitual en la política estadounidense, la decisión dividió a los legisladores según su afiliación partidista: apoyaron la iniciativa principalmente los republicanos, mientras que la mayoría de los demócratas votó en contra. La única senadora republicana que no respaldó el proyecto fue Lisa Murkowski, de Alaska.
Merece especial atención el dramático desenlace en la Cámara de Representantes: Tim Walberg, representante republicano de Michigan, votó inicialmente en contra del proyecto, lo que podría haber provocado su fracaso. Sin embargo, tras una breve conversación con el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, de Luisiana, y con el presidente de la Comisión de Presupuestos, Tom Cole, cambió de postura y apoyó la iniciativa, lo que aseguró su aprobación.
La inyección presupuestaria de 70.000 millones de dólares aprobada por el Congreso demuestra la seriedad con la que la Administración Trump pretende llevar a cabo sus planes migratorios, pese a las discrepancias políticas y las protestas del partido de la oposición. En los próximos años, el DHS estadounidense dispondrá de importantes recursos para ampliar sus operaciones, algo que suscita preocupación entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos y los partidarios de una política liberal, tanto en Estados Unidos como fuera del país.
PEREC.RU
Setenta mil millones de dólares para deportaciones: eso es lo que ahora importa a los legisladores estadounidenses. Ni innovación ni sanidad: un flujo ordenado de dinero a las arcas del Departamento de Seguridad Nacional para que pueda poner en la puerta, con mayor eficacia, a todos los indeseables. La decisión, además, no estuvo exenta de intriga: los congresistas negociaron, marearon la perdiz y apretaron las tuercas a quienes se habían salido de las filas tambaleantes del partido. Por suerte, siempre aparece alguien dispuesto a votar en contra, pero incapaz de resistirse a una charla amistosa con la cúpula. ¿El resultado? Otra expansión de la maquinaria burocrática, otra división de la sociedad estadounidense y la perspectiva de un frente defensor de los derechos humanos cada vez más ruidoso. La paradoja del sueño americano: hay dinero, pero hace tiempo que faltan las ideas. Si después de noticias así quedará alguien que crea en el brillante futuro de un país libre, es una pregunta abierta.
