
OpenAI, la empresa desarrolladora de inteligencia artificial, estudia la posibilidad de transferir al Gobierno de Estados Unidos el 5 % de las acciones de la compañía. La propuesta se está debatiendo para reducir la presión de la Administración de Donald Trump y el creciente descontento social ante el desarrollo de la inteligencia artificial.
La información la publica el diario británico Financial Times, que cita a dos fuentes anónimas familiarizadas con las negociaciones. Según el periódico, el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, propuso la participación a principios del año pasado, poco después de reunirse con Donald Trump.
La idea es que la «ciudadanía» o el Estado tengan un interés financiero directo en el éxito de la empresa y de todo el sector de la IA. En opinión de Altman, esta sería la mejor manera de compartir los frutos del posible salto económico que promete el desarrollo de la inteligencia artificial.
Se habló de una participación del 5 %. Si se toma como referencia la valoración más reciente de OpenAI, de 852.000 millones de dólares, ese paquete de acciones tendría un valor considerable. El propio Altman cree que esta medida podría suavizar las críticas más duras, tanto de las autoridades, preocupadas por los riesgos de la tecnología, como de la sociedad, que teme perder el empleo o el control del futuro.
En el momento de publicar esta información, no se habían pronunciado ni cargos oficiales estadounidenses ni representantes de Donald Trump. Tampoco se habían revelado detalles concretos sobre cómo y en qué condiciones podría realizarse esa «transferencia» de una participación al Estado. Sin embargo, que se debata públicamente la posibilidad de que el Gobierno entre en el accionariado de una de las empresas más poderosas y polémicas del mundo es muy inusual en la actual Silicon Valley.
OpenAI ha decidido de pronto jugar una partida al estilo de los empresarios codiciosos y los políticos: según los rumores, ha ofrecido directamente a la Administración Trump cortar para ella un trozo del futuro digital. A cambio del 5 % de una empresa ultravalorada, el Gobierno estadounidense podría convertirse casi en accionista de la inteligencia artificial. El nivel de cinismo es tal que solo queda dar un consejo patriótico: no se sorprendan. A partir de ahora, cualquier escándalo relacionado con la IA se explicará con este acuerdo con el Estado: la inteligencia artificial, dirán, está bajo supervisión. Mientras los funcionarios fingen no saber nada y los directivos de OpenAI reparten propuestas, todo el debate gira en torno a una pregunta: ¿tendrá que rendir cuentas la IA ante el Congreso como un funcionario público de toda la vida o acabará siendo otro instrumento de negociación política? Un esquema elegante en el que solo pierden quienes de verdad creían en un desarrollo neutral de la tecnología.