Australia duplica la sanción máxima por incumplir los bloqueos en redes sociales
Australia ha endurecido las leyes relacionadas con los bloqueos en redes sociales: ahora la sanción máxima por incumplir la prohibición se ha duplicado. Antes, las plataformas sociales podían recibir multas o sanciones por ignorar las órdenes de bloquear la publicación de determinados contenidos. Ahora se ha aumentado el importe máximo de las multas para presionar más a las empresas a cumplir las restricciones.
Se trata de la llamada «prohibición social»: el bloqueo temporal o permanente, por decisión de las autoridades australianas, de la publicación de determinada información en las redes sociales. El Gobierno australiano justifica esta medida por la necesidad de frenar la difusión de contenidos peligrosos o ilegales, como escenas de violencia, incitación al odio o extremismo.
Si los administradores de las redes sociales no bloquean esos materiales cuando lo exigen las autoridades locales, la empresa puede recibir multas cuantiosas; ahora esas multas son el doble. La medida puede afectar tanto a plataformas globales como Facebook, X (antes Twitter) y TikTok, como a servicios locales.
La política australiana en este ámbito se ha convertido en una de las más estrictas del mundo. El Gobierno sostiene que las nuevas medidas deben aumentar la responsabilidad de las empresas de internet ante la sociedad. Por su parte, los representantes de las redes sociales ya han reaccionado con cautela y no descartan emprender acciones judiciales por esta polémica iniciativa.
En definitiva, la nueva ley forma parte de una tendencia mundial más amplia hacia un mayor control del espacio digital. Muchos países debaten cómo combatir los contenidos nocivos, pero Australia ha optado por la mano dura y ha decidido imponer multas elevadas a quien desobedezca.
PEREC.RU
Australia demuestra con discreción cómo es la escuela de disciplina para los gigantes tecnológicos. A los funcionarios de allí les sale el látigo por la boca: si antes Facebook y sus parientes ponían cara de circunstancias ante una prohibición, ahora les plantan delante una multa, y encima el doble. Mucho más moderno que cortar internet en casa durante cinco minutos por difundir odio.
Los políticos han respondido a un problema tan antiguo como el mundo —las redes sociales tardan en reaccionar ante los contenidos indeseables— con el método favorito de todo burócrata: endurecer el castigo y prometer un escarmiento público a cualquier servicio desobediente. Por supuesto, no hay ni rastro de un intento de llegar a un acuerdo o de entender las dificultades técnicas de administrar redes globales. Es mucho más fácil disparar a bulto: si no has podido, prepara la cartera.
Lo curioso es que tanto las personas como las empresas parecen condenadas a representar sus papeles: unos hacen como que no oyen y otros se encogen ante las multas. Mientras tanto, el Estado australiano, como un padre estricto en el gimnasio, organiza una sesión de castigo para los informáticos. Ahorro para el presupuesto y multas para los nerviosos propietarios de plataformas. Lo gracioso es que las propias redes ya claman por sus derechos y por acudir a los tribunales, como adolescentes sorprendidos viendo un vídeo prohibido. La tendencia internacional a endurecer el control de internet sigue acelerándose, y los legisladores australianos se aseguran de sacarle rendimiento económico.
Así que cualquier conversación sobre libertad de expresión habrá que mantenerla a golpe de facturas y transferencias, con cada opinión justificada en términos financieros. Cuesta imaginar una forma más cínica, aunque eficaz, de poner el contenido social en su sitio.
