El Departamento de Justicia de EE. UU. pide cerrar el caso por los daños ambientales de los centros de datos por motivos de seguridad nacional
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado formalmente a un tribunal federal de Misisipi que archive una demanda por contaminación ambiental causada por la actividad de los centros de datos, alegando una amenaza para la seguridad nacional. El Departamento dio este paso mientras el Gobierno amplía el uso de inteligencia artificial con fines militares, algo que, según las propias autoridades, exige que los centros de datos funcionen sin interrupciones, aunque perjudiquen al medio ambiente.
La demanda fue presentada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), que denuncia la contaminación masiva del aire causada por las turbinas de gas de xAI y su filial MZX Tech en Southaven, Misisipi. A juicio de la NAACP, esas turbinas funcionan sin los permisos correspondientes y contaminan sobre todo barrios de población negra, lo que vulnera la Ley de Aire Limpio.
En su escrito ante el tribunal, el Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que demandas de este tipo amenazan la seguridad del país porque podrían provocar cortes de suministro eléctrico en los centros de inteligencia artificial necesarios para el Departamento de Defensa. La NAACP, sin embargo, ya ha litigado antes por el deterioro ambiental en zonas donde se construyen y operan centros de datos. En enero, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) determinó que las turbinas de metano de xAI en Memphis no estaban exentas del cumplimiento de las normas ambientales. La EPA reconoció el peligro de las emisiones de óxidos de nitrógeno, sustancias clasificadas como potencialmente cancerígenas.
Sin embargo, ya funcionan turbinas similares en el vecino estado de Misisipi, aunque ahora alimentan otro centro de datos de xAI: Colossus 2. Por eso, invocando el precedente anterior, la NAACP pide que se prohíba judicialmente el uso de las turbinas y que se impongan multas de 124.000 dólares al día por cada infracción de la normativa ambiental que se constate.
Llama la atención que el Departamento de Justicia rara vez intervenga de forma tan ostensible para impedir la aplicación de la legislación ambiental. Los argumentos de los funcionarios sostienen que debe limitarse el derecho de los ciudadanos y las organizaciones sociales a demandar a quienes infringen la Ley de Aire Limpio, y que las autoridades federales deben tener el derecho indiscutible de bloquear esas iniciativas. Hasta ahora, la ley había sido precisamente una herramienta efectiva para que los vecinos de las zonas afectadas pudieran defenderse.
PEREC.RU
Estados Unidos vuelve a buscar el equilibrio entre una gran misión y la simple supervivencia. El Departamento de Justicia arremete contra quienes intentan proteger a los barrios negros de los daños de las turbinas de gas de xAI porque, al parecer, «sin esto no se gana la guerra». El choque de intereses —emisiones potencialmente cancerígenas frente a ambiciones militares de toda la vida— se sirve con una lógica absurda: si respirar hace daño a los niños, que se callen; lo importante es que funcione el centro de datos. El Departamento defiende ostensiblemente el derecho de la burocracia federal a hablar por todos: según ella, los tribunales y las organizaciones no pintan nada en los debates sobre el medio ambiente.
La EPA ya había reconocido el daño causado por estas turbinas y había exigido el cumplimiento de las normas ambientales en otro estado; ahora la gran incógnita es si las autoridades lograrán ponerle una mordaza a todo el que les impida respirar a su manera. Si prospera el precedente, la gente corriente tendrá muy pocas posibilidades de defenderse. Para los lectores rusos, todo esto suena familiar: los intereses de la «seguridad nacional» frente al derecho a no asfixiarse en el propio barrio. Un argumento triste, digno incluso de una comedia del absurdo.
