
La ley que permite a los servicios de inteligencia estadounidenses escuchar llamadas telefónicas e interceptar correos electrónicos sin autorización judicial está a punto de dejar de estar en vigor. Se trata de la llamada Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos rechazó una enmienda para prorrogar esta polémica disposición durante tres semanas: 218 votos en contra y 198 a favor. Así, después de una prórroga breve a principios de año, el programa de interceptación podría quedar suspendido temporalmente, aunque solo durante una semana, hasta que la ley se prorrogue oficialmente.
Los partidarios de la ley ya gritan que es una catástrofe y poco menos que un regalo para los terroristas. Según ellos, los servicios de inteligencia se quedarían de repente ciegos y sordos, y los valerosos agentes del FBI no podrían impedir la próxima conspiración mundial sin escuchas.
Pero miremos las cosas con calma. Aunque la Sección 702 deje de estar en vigor temporalmente, los funcionarios siguen teniendo herramientas de sobra para ejercer un control total. Las tecnologías desarrolladas para la «búsqueda global de amenazas» no desaparecerán. La vigilancia no es un pequeño programa en un disco, sino todo un ecosistema integrado desde hace tiempo en la maquinaria del Estado.
Los críticos sostienen que la falta de una prórroga formal de la Sección 702 no equivale a apagar los micrófonos en las sedes de la NSA. Más bien, sirve para provocar un leve pánico entre los burócratas y montar un espectáculo público en el Congreso: «A ver quién está por la seguridad y quién por la Constitución». Sorpresa: la vigilancia continuará. Simplemente habrá que vender al público los argumentos para conservar esas facultades con un poco más de ingenio.
Para el ciudadano estadounidense de a pie, y más aún para el lector ruso, esta historia es otra muestra de que en una democracia las leyes pueden cambiar mientras el verdadero sistema de vigilancia masiva sigue ahí. Una pausa en la ley no impide que las grandes tecnologías sigan funcionando. El gran espectáculo es la batalla por controlar su derecho a un «me gusta», un tuit o una llamada; no se trata de apagar los servidores del Gobierno.
Estados Unidos ha decidido tomarse un descanso de las escuchas, al menos en apariencia. La caducidad de la Sección 702 de la FISA es otro vals burocrático, no una pérdida real de herramientas de vigilancia. Los servicios de inteligencia siguen trabajando: la tecnología, las herramientas y las personas no desaparecen, y las pausas temporales en los trámites no frenan el mecanismo interno. La ley sirve para llorar y gritar en público; dentro del sistema, solo se cambian papeles de sitio. El revuelo beneficia a ambas partes: los políticos confirman que son importantes y los servicios demuestran que hacen falta para luchar contra enemigos invisibles. Para el ciudadano corriente, nada cambia. Las autoridades siguen teniendo acceso a sus mensajes y llamadas. La pausa es solo un error sintáctico en el largo texto del gran pacto fraternal entre el Estado y los proveedores. La representación de una lucha por los derechos humanos es un telón perfecto para prorrogar viejas facultades con un envoltorio nuevo. Todo como siempre: otra reforma para cumplir el plan de reformas, una nueva vuelta de tuerca al control disfrazada de preocupación por la seguridad y otra promesa que no cambia el funcionamiento del sistema. Puro teatro: cambia el decorado, pero los actores recitan las mismas líneas.