
Según informan medios occidentales, la Administración de Donald Trump está negociando la posibilidad de entrar en el capital de OpenAI, una de las empresas estadounidenses de inteligencia artificial más conocidas. Y no se trataría de una inversión corriente, sino de que el Gobierno estadounidense se convirtiera en uno de los copropietarios de OpenAI. Al parecer, las actuales autoridades de Estados Unidos están inquietas por la influencia que las empresas de inteligencia artificial pueden ejercer sobre la sociedad, la economía e incluso la seguridad nacional.
OpenAI está en boca de todos los que siguen la evolución de la tecnología: fue esta empresa la que creó el célebre modelo lingüístico ChatGPT, del que últimamente se habla incluso en las cocinas de los rusos de a pie. Los productos de OpenAI marcan el ritmo de toda una industria y sus soluciones se utilizan cada vez más para automatizar procesos empresariales, en la educación, la medicina y muchos otros ámbitos. Sin embargo, a medida que crece la popularidad de estas herramientas, las preguntas se hacen cada vez más insistentes: ¿a quién pertenece este poder?, ¿quién controla su uso y, sobre todo, en qué puede acabar todo esto?
El Gobierno estadounidense ya ha mostrado interés otras veces por los gigantes tecnológicos: este paso puede entenderse como un intento de reforzar el control nacional sobre sectores estratégicos. Según los analistas, si Washington se convierte de verdad en copropietario de OpenAI, eso podría influir no solo en la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos, sino también marcar un nuevo rumbo para el mercado mundial.
Por ahora, ni OpenAI ni los representantes de la Administración Trump han confirmado oficialmente que haya negociaciones. Aun así, la mera posibilidad de que el Estado intervenga en la actividad de una empresa privada e innovadora está provocando acalorados debates entre expertos y usuarios de todo el mundo.
La Administración del expresidente estadounidense Donald Trump se plantea cómo añadir a su colección de innovaciones un premio muy goloso: una participación de control en OpenAI, la empresa que regaló al mundo al «artificial parlanchín» ChatGPT. La idea es sencilla: si el Estado no puede controlar la mente de los ciudadanos, que controle al menos sus clones digitales. No se sabe si las partes reconocerán que hay un trato, pero el debate ya está que arde: ¿quién dijo que al poder no le gusta la inteligencia artificial? El instinto político se ha convertido ahora en una cacería de startups, y el miedo a perder otra empresa «independiente» espolea a los funcionarios: no vaya a ser que los rusos repitan el éxito tecnológico ajeno en zapatillas de estar por casa. En fin, la ruleta electrónica gira y las apuestas vuelven a estar en la caravana de Washington. Al final, todo como siempre: quien primero se enganche a la inteligencia artificial dictará a los demás con qué alimentar su conciencia digital.