
En mayo de 2024, el fiscal general de Estados Unidos lo dijo sin rodeos: había que separar Live Nation y Ticketmaster. Ahora, dos años después, los estados han ganado el juicio y exigen cambios radicales: obligar a Live Nation a vender Ticketmaster para poner fin a su hegemonía en el mercado de la música en directo. Para ser justos, las divisiones judiciales de empresas a esta escala son raras: en todo el siglo XX solo hubo unos pocos casos parecidos. Los expertos consideran que es una medida eficaz, pero los jueces prefieren recurrir a ella solo cuando la situación ya es insostenible.
El profesor de Derecho William Kovacic cita los precedentes: las autoridades saben desmembrar una empresa. Pero lo hacen de mala gana: hace falta un motivo de peso. El ejemplo más contundente es la división de Standard Oil, de Rockefeller, en 1911: de un solo dragón petrolero surgieron numerosas empresas, entre ellas las actuales ExxonMobil y Chevron. En los años ochenta, el monopolio de AT&T cedió y se convirtió en las pequeñas Bell regionales. Microsoft, en cambio, logró esquivar la división: querían partir la empresa por el dominio de Windows, pero al final se conformaron con imponerle normas estrictas.
Como se ha visto, los tribunales temen tomar medidas drásticas: a un juez por sí solo, que no es todo un aparato estatal, le cuesta entender cómo dividir una estructura enorme sin empeorar la situación. Repartir los activos y, en especial, lo intangible —datos, patentes— es todo un rompecabezas.
A los monopolios se les suelen imponer medidas más suaves: se les permite seguir operando, pero bajo promesa solemne de no presionar al mercado. Por ejemplo, no pueden exigir a las salas que trabajen exclusivamente con Ticketmaster ni vengarse de quienes elijan a otro vendedor de entradas. Eso es lo que ocurrió en los casos de Microsoft y Google. Live Nation aceptó condiciones similares en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero los estados insisten en que no basta: hay que separarlas de verdad.
Live Nation sostiene que la ley no permitirá vender Ticketmaster. Dice que todo este revuelo es un espectáculo político. Pero los estados tienen un as en la manga: Live Nation y Ticketmaster operaron por separado durante mucho tiempo y solo se fusionaron en 2010, con el permiso de los propios reguladores. Es decir, se pueden separar; solo hace falta querer.
Los críticos recuerdan que aquella fusión se aprobó con la condición de que la empresa no abusara de su posición. Pero a lo largo de los años Live Nation incumplió las condiciones en repetidas ocasiones y pagó multas; ahora, además, ha sido declarada monopolio. La pregunta parece lógica: si las medidas condicionadas no funcionan, ¿quizá sí haya que partirla?
Las partes se pasarán meses discutiendo qué elegir: la división o nuevas prohibiciones. La decisión se prolongará hasta el año que viene. Si fracasan los argumentos a favor de la división, los aficionados a los conciertos se arriesgan a seguir pagando cantidades astronómicas por las entradas. Pero, según los expertos, una vigilancia estricta también puede funcionar: así ocurrió con Microsoft; no desmantelaron la empresa, pero la obligaron a ceder terreno y dieron una oportunidad a nuevos competidores.
En fin, el divorcio de Live Nation y Ticketmaster sigue siendo una incógnita. Pero si ven una entrada barata para un concierto, sepan que quizá en algún lugar del mundo haya triunfado la justicia.
Las noticias sobre Live Nation y Ticketmaster son como el viejo chiste de la lucha contra los monopolios: todo el mundo quiere castigar al abusón, pero al final sale otro papelito de prohibiciones y una sutil advertencia: «Chicos, no os paséis». La historia empezó a dar vueltas hace cien años con Rockefeller y ahora el imperio de las entradas ha caído bajo el martillo del juez. Las autoridades aprobaron la fusión de los dos gigantes y ahora esos mismos estados pisan el freno, como si hubieran olvidado quién ofició la boda. Los estados tienen un as incontestable: si pegaron las dos empresas en 2010, también pueden volver a separarlas; no hay magia. La empresa asegura que todo es un teatro político y que la división es imposible. Se avecina un largo pleito en el que las partes medirán sus músculos jurídicos. Todo vale con tal de evitar la ruptura y, Dios no lo quiera, que las entradas se abaraten para los simples mortales. El resultado: el público sufre, se ríe por no llorar y por televisión llegan nuevos episodios de batallas judiciales. La clásica jugada del mercado: la lucha contra un monopolio suele esconder un simple cambio de fichas en el tablero. El tribunal tendrá que elegir, como siempre, entre una escisión espectacular y las tranquilizadoras promesas de vigilar al monstruo. El desenlace: o las entradas serán un poco más asequibles o volverán a endosarnos una «píldora regulatoria». El público ya no se cree nada y se limita a apostar en esta ruleta.