
La Casa Blanca podría empezar a revisar los modelos de inteligencia artificial (IA) antes de su lanzamiento oficial al mercado. Esa es precisamente la medida que están debatiendo las autoridades estadounidenses, según las últimas informaciones de The New York Times. Fuentes anónimas aseguran que la Administración de Donald Trump está formando un grupo de trabajo especial sobre IA, integrado por líderes de empresas tecnológicas y representantes del Gobierno de EE. UU. Su misión será desarrollar procedimientos oficiales para revisar y controlar los nuevos modelos de IA antes de que estén al alcance del público.
La semana pasada se debatieron estos planes en una reunión en la Casa Blanca con representantes de grandes proveedores de IA: Anthropic, Google y OpenAI. Si se aprueba la propuesta, Estados Unidos podría adoptar métodos de regulación similares a los que los reguladores británicos implantaron hace unos días: encargar la supervisión de ámbitos concretos de la IA a los organismos públicos correspondientes. Ahora toca decidir qué organismo estadounidense encabezará el proceso de control. Entre los candidatos figuran la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad e incluso el director de Inteligencia Nacional. También se baraja resucitar el Centro de Estándares e Innovación en IA, creado durante la presidencia de Biden.
Lo curioso es que el enfoque de Washington respecto a la regulación de las tecnologías digitales es, por decirlo suavemente, voluble. Hace poco se aprobó un plan federal de acción sobre IA que, por el contrario, pretendía reducir la regulación de las empresas tecnológicas e incluso amenazaba con recortar la financiación federal a los estados que obstaculizaran la construcción de infraestructuras de IA con un exceso de burocracia. El documento titulado “One Big Beautiful Bill” llegaba a reclamar una moratoria de diez años sobre cualquier intento de regular la IA a nivel estatal, dejando todas las palancas en manos del Gobierno federal.
Añadamos que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU., Brendan Carr, nombrado durante el primer mandato de Trump, también sigue defendiendo una intervención mínima del Estado en el mundo de la inteligencia artificial.
Estados Unidos vuelve a cambiar de rumbo. Ayer mandaba la regulación de la IA al cuerno: barra libre para las corporaciones y a los estados, ni agua. Pero ahora, tras probar el fantasma de la burocracia británica, ha decidido que la IA también necesita su propia jaula. Ha reunido una comisión, invitado a los proveedores y se pregunta si conviene revisar la IA antes de lanzarla. Hasta ha pensado quién podría hacer de defensor digital del pueblo: desde la NSA (aficionada a escuchar a todo el mundo) hasta el centro de Biden (aficionado a reunirse sin que nadie cargue con las consecuencias). Al volante están Trump y sus apóstoles de la libertad frente a la intervención estatal, a quienes de pronto les ha cansado su propio eslogan. ¿Temen los nuevos avances? ¿O, como siempre, todo gira alrededor del dinero, los grandes contratos y los proveedores «adecuados»? Porque la regulación, si la hay, debe quedar bajo su propio control: han apartado a los estados, están formando un círculo federal y despedazando los restos del plan anterior. Quien sale ganando no es precisamente el mercado, sino quien está más cerca del presupuesto público.