
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha recibido luz verde para procesar a Key Investment Group (KIG), empresa que, según la acusación, ganó más de 5,6 millones de dólares revendiendo entradas para los conciertos de Taylor Swift, Bruce Springsteen y otras estrellas. Los hechos se remontan al periodo entre 2022 y 2023, cuando las entradas para el Eras Tour se convirtieron literalmente en objeto de caza para millones de fans.
El juez George L. Russell III rechazó la petición de KIG para que se archivara el caso, lo que permite a la FTC seguir adelante con la recopilación de pruebas y, posiblemente, llegar a un juicio en toda regla. La empresa sostenía que la ley BOTS Act (Better Online Ticket Sales Act), aprobada en 2016, iba dirigida exclusivamente contra los bots y que, en su caso, no los habían utilizado. Pero el juez recordó que, pese a su llamativo nombre, la ley no menciona ni una sola vez la palabra «bots». Prohíbe «eludir medidas de seguridad, sistemas de control de acceso u otros medios tecnológicos de protección» establecidos por el vendedor de entradas. Y esa prohibición se aplica a «cualquier persona», ya sea un programa o alguien con un teclado.
¿Qué se le imputa exactamente a KIG? Crear miles de cuentas falsas en Ticketmaster usando proxies de IP y los llamados bancos de SIM, dispositivos que permiten registrar números de teléfono en masa. Así, la empresa eludía los límites de compra por persona. Solo con las entradas del Eras Tour de Taylor Swift, los revendedores ganaron más de un millón de dólares; una entrada para Bruce Springsteen en el MetLife Stadium llegó a venderse por 20.000 dólares.
El tribunal también rechazó otro argumento de la defensa: que Ticketmaster no cumple sus propios protocolos de seguridad y, por tanto, no hay motivo para acusar a los revendedores. El juez consideró que la cuestión requiere un procedimiento aparte y que no justifica archivar el caso de momento. Por cierto, la propia FTC también ha presentado otra demanda contra Ticketmaster y su matriz, Live Nation, en virtud de la misma BOTS Act.
La única victoria de KIG en esta fase es que el tribunal le ha permitido seguir adelante con su contrademanda, en la que cuestiona la legalidad de la investigación de la FTC y la legitimidad de la aplicación de la BOTS Act. Si la empresa tiene éxito, podría obtener una especie de indulgencia: protección frente a las reclamaciones del regulador.
La FTC se negó a hacer comentarios. Los abogados de KIG no habían respondido a las preguntas antes de la publicación.
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos vuelve a fingir que le importan los simples mortales. Esta vez le ha tocado a Key Investment Group, que, según se afirma, se embolsó 5,6 millones de dólares revendiendo entradas. Solo con Taylor Swift, más de un millón.
La defensa de KIG intentó agarrarse a la letra de la ley: que si la BOTS Act va de bots y ellos son personas, con alma y todo. Pero el juez federal George Russell III resultó ser un tiquismiquis y recordó que la ley no menciona la palabra «bots». Dice «cualquier persona», no «cualquier programa». Ya ves tú con los formalismos.
La ironía es que Ticketmaster —la plataforma cuyas «medidas de seguridad» esquivaban los revendedores— también está siendo investigada por la FTC en virtud de la misma ley. Se acusa a la empresa de haber hecho la vista gorda durante años ante el fraude masivo. Al final, el lobo vigila a las ovejas a las que él mismo ha estado cebando.
Y, naturalmente, el tribunal permitió a KIG presentar una contrademanda. Porque Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, donde hasta un revendedor que cobra 20.000 dólares por una entrada de Bruce Springsteen puede intentar demostrar que es víctima del sistema y no quien se beneficia de él.