Veto a los centros de datos
La gobernadora de Maine, Janet Mills, ha vetado un proyecto de ley que pretendía detener temporalmente, hasta el otoño de 2027, la construcción de grandes centros de datos. Aquí se consideran «grandes» las instalaciones que consumen a partir de 20 megavatios de electricidad. Para hacerse una idea, es aproximadamente lo mismo que consume una ciudad pequeña. La propuesta de los legisladores era sencilla: frenar el rápido crecimiento de la infraestructura que alimenta los modelos modernos de IA y analizar los riesgos que supone esa carga para la red eléctrica del estado.
En principio, Mills no se opone a una moratoria. Sin embargo, no le convenció que la propuesta no contemplara una excepción para un proyecto ya previsto en la ciudad de Jay. El proyecto de ley prohibía conceder permisos para cualquier instalación de ese tipo y también exigía crear un Consejo de Coordinación de Centros de Datos de Maine, un organismo encargado de analizar las ventajas y los riesgos del sector y formular recomendaciones a las autoridades.
Pese al veto, Mills prometió firmar una orden ejecutiva propia para crear un consejo de coordinación igual. Al mismo tiempo, ya ha aprobado otra ley, la LD 713, que prohíbe a los centros de datos acogerse a programas de incentivos fiscales para empresas. Es decir, las autoridades sí pretenden frenar el sector, aunque sea por otras vías.
Maine está lejos de ser el único estado donde el crecimiento de los centros de datos se ha convertido en una cuestión política. Al menos otros 12 estados estadounidenses estudian restricciones similares. En Nueva York, por ejemplo, se prepara un proyecto de ley para imponer una moratoria de tres años a la construcción de nuevos centros de procesamiento de datos. A escala federal, el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez promueven una iniciativa que detendría no solo las nuevas construcciones, sino también la modernización de las instalaciones existentes.
Estos intentos chocan directamente con los intereses de las tecnológicas y del Gobierno federal. La Administración de Donald Trump, por el contrario, exige acelerar el despliegue de la infraestructura de IA en Estados Unidos. En el marco estratégico sobre inteligencia artificial publicado en marzo, el presidente pidió simplificar los procedimientos de construcción y suministro eléctrico de los centros de datos. Así que la lucha entre quienes pisan el freno y quienes aceleran en la economía digital estadounidense no ha hecho más que empezar.
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La historia del veto a la moratoria de los centros de datos en Maine parece otro episodio de una comedia política en la que cada personaje finge salvar el mundo mientras atiende sus propios asuntos.
La gobernadora Mills demuestra una flexibilidad poco común: rechaza la ley, pero promete hacer lo mismo por decreto, con las reglas escritas por ella. La idea de controlar el apetito del sector de la IA acaba convertida en una maniobra para esquivar un proyecto concreto en Jay. Una simple coincidencia, claro.
Los legisladores quieren un consejo estratégico. Mills también quiere un consejo, pero el suyo. Prohíben que los centros de datos se acojan a incentivos fiscales. Ella está de acuerdo. Todos fingen avanzar en la misma dirección, aunque cada cual mira su propio mapa.
En otros estados reina un caos parecido: unos claman por una pausa y otros por el desarrollo. A escala federal, Sanders y Ocasio-Cortez intentan apretar las tuercas, mientras la Administración Trump se dispone a construir centros de datos a toda velocidad, como si fueran gasolineras para bólidos de IA.
El resultado es una sinfonía extraña: unos tienden el cable y otros lo cortan. La infraestructura digital estadounidense vive como un servidor viejo: hace ruido, se calienta y se cuelga de vez en cuando. Pero todos creen ser quienes impiden que el sistema se venga abajo. Ese es el principal motivo de risa: cada protagonista está convencido de que salva el futuro, aunque al final solo escribe un parche para su propia popularidad política.
