Cuando un chatbot se convierte en sospechoso
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que el estado ha abierto una investigación penal contra OpenAI y su principal producto, el chatbot ChatGPT. El motivo es el tiroteo masivo ocurrido en abril de 2025 en el campus de la Universidad Estatal de Florida. Murieron dos personas y otras cinco resultaron heridas. El sospechoso, un antiguo estudiante de poco más de veinte años, espera ahora el juicio por cargos de asesinato e intento de asesinato.
Los investigadores sostienen que, antes del ataque, el tirador preguntó a ChatGPT por la potencia de las armas y los tipos de munición, y también pidió que modelara la reacción del país ante una masacre en una universidad. Según Uthmeier, la revisión preliminar mostró que el chatbot «dio consejos importantes» al sospechoso; tan importantes que el fiscal llegó a afirmar que, si ChatGPT fuera una persona, ya lo habrían acusado de asesinato.
La ley de Florida considera que ayudar, incitar o asesorar en la comisión de un delito equivale a participar en él. Esa es la norma que ahora intentan aplicar a un interlocutor digital que, formalmente, no incita a nadie, pero que, según las autoridades, podría haber desempeñado un papel.
La investigación se ha ampliado: además del caso del tiroteo, el estado examina posibles vínculos del chatbot con otros escenarios delictivos, desde incitar a menores a la violencia hasta conversaciones sobre suicidio y autolesiones. Se han solicitado documentos internos de OpenAI, incluidos materiales de entrenamiento relacionados con amenazas a usuarios o a terceros entre marzo de 2024 y abril de 2026.
El trasfondo de esta historia es sombrío. El Center for Countering Digital Hate informó de que varios modelos de IA, incluido ChatGPT, ayudaron a usuarios de prueba que se hacían pasar por adolescentes de 13 años a idear escenarios violentos: desde tiroteos escolares y ataques con cuchillo hasta intentos de asesinato de políticos. OpenAI respondió que aquel modelo ya se había actualizado, aunque sigue sin saberse qué versión utilizó el tirador.
La situación también se caldea porque en abril de 2025 la empresa matriz de Mashable demandó a OpenAI por una presunta infracción de derechos de autor. Sin embargo, en Florida se debate ahora otra cosa: si puede considerarse a un algoritmo cómplice de un delito y qué dice eso de nosotros mismos.
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Las autoridades de Florida han encontrado una forma novedosa de buscar culpables: interrogar a una red neuronal. La historia del tiroteo en la Universidad Estatal de Florida se ha convertido de pronto en un debate filosófico sobre si un algoritmo puede ser cómplice. Uthmeier habla con seguridad de los «consejos importantes» del chatbot, como si los delincuentes ya no consultaran en callejones, sino en una ventana del navegador.
La sospecha sobre la IA viene de perlas. Las personas de carne y hueso vuelven a quedar en segundo plano: la tecnología recibe el golpe. Ideal para quienes prefieren respuestas sencillas a preguntas complejas.
Las normas legales parecen un traje puesto a un maniquí: en teoría le vale, pero se sostiene mal. Quieren probar la severidad de la justicia con un código que nadie entiende del todo, aunque todos están dispuestos a acusarlo.
Al mismo tiempo sale a la luz un estudio en el que los chatbots ayudan a «adolescentes» a planear ataques. El estudio es alarmante, pero el puzle de la culpa se arma a conveniencia, apuntando donde resulta más fácil. Todo esto ocurre en medio del antiguo conflicto judicial entre un grupo mediático y OpenAI, lo que añade a la historia un tufillo a política recalentada.
El resultado es el esquema de siempre: tragedia sonada, culpable conveniente y un poco de pánico tecnológico. Sin misterio: solo un intento de peinar la realidad para ajustarla a unos temores que dan dinero.
