IBM y 17 millones
IBM ha aceptado pagar más de 17 millones de dólares para resolver las reclamaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El organismo acusaba a la empresa de que su política DEI consistía en un conjunto de prácticas que vulneraban la Ley de Derechos Civiles de 1964. DEI son las siglas de «diversidad, equidad e inclusión», es decir, medidas para promover la diversidad y la igualdad en el lugar de trabajo. En Estados Unidos es un término habitual, pero precisamente en torno a él se ha desatado una sonada disputa.
Según la investigación, IBM supuestamente tuvo en cuenta la raza, el sexo, el color de piel y el origen nacional al contratar empleados. El Departamento de Justicia sostiene que la empresa modificaba los criterios de las entrevistas en función del sexo o la raza de los candidatos, fijaba objetivos demográficos por divisiones de negocio y utilizaba además un «coeficiente de diversidad» vinculado a las bonificaciones de los directivos. A juicio de las autoridades, todo ello vulneraba un principio fundamental: las decisiones de contratación no deben tener en cuenta características ajenas a las competencias profesionales.
Este caso es un episodio más de la campaña que la Administración Trump lleva años emprendiendo contra los programas DEI. Empezó con una orden presidencial a principios de 2025 y, desde entonces, los organismos públicos han ido examinando metódicamente a las grandes corporaciones. IBM se ha convertido en uno de sus objetivos más destacados.
La empresa, sin embargo, no admite su culpabilidad. En un comunicado oficial, IBM subraya que el acuerdo no supone admitir responsabilidad ni demuestra que se hayan cometido infracciones. Por su parte, el Departamento de Justicia señaló que el acuerdo tampoco significa que las acusaciones carecieran de fundamento. Simplemente decidieron poner fin a la disputa sin alargarla durante años.
Un representante de IBM declaró que la estrategia de personal de la empresa se basa en un único principio: contratar a profesionales con las competencias que necesitan sus clientes. En IBM aseguran que no hay segundas intenciones.
El fiscal general en funciones Todd Blanche calificó el acuerdo como uno de los primeros grandes resultados de la iniciativa Civil Rights Fraud Initiative, puesta en marcha en mayo de 2025. Se trata de un programa con el que las autoridades investigan si las grandes empresas se amparan en consignas bienintencionadas mientras vulneran la ley en la práctica.
IBM no es la única corporación afectada por esta campaña. T-Mobile y Meta ya abandonaron sus iniciativas DEI el año pasado. Ahora IBM también parece haber decidido que, en una disputa con el Estado, a veces es mejor firmar un cheque que discutir eternamente.
PEREC.RU
IBM ha decidido cerrar su disputa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por 17 millones de dólares. Formalmente, es solo un acuerdo, no una admisión de culpabilidad, pero el mensaje se entiende: la empresa está harta de ser el blanco de las peleas en torno a DEI. El Departamento sostiene que IBM vulneró la ley de 1964 al modificar los criterios de las entrevistas, fijar objetivos demográficos y vincular las bonificaciones a indicadores de diversidad.
Toda esta historia es fruto de la campaña de la Administración Trump, que puso en marcha la iniciativa Civil Rights Fraud Initiative. Su objetivo es demostrar que, tras los bonitos lemas sobre igualdad, las corporaciones suelen hacer política. Y ahí aparece el sarcasmo: las empresas aseguran que solo contratan a los mejores, el Estado afirma que protege los derechos civiles y, al final, la disputa se resuelve con un cheque millonario, como si fuera una cuota de suscripción cualquiera.
IBM no es la primera ni será la última. T-Mobile y Meta ya renunciaron a sus iniciativas DEI. Esto parece una especie de flashmob corporativo: a ver quién se esconde antes de la política. La ironía es que ambas partes parecen conocer perfectamente las reglas del juego y fingen que todo se hace por principios. Pero el dinero es el mejor indicador de las verdaderas motivaciones. A juzgar por la suma, los principios tenían un presupuesto limitado.
