La batalla por nacer
En Estados Unidos vuelve a estallar un incendio político en torno a algo que antes parecía inamovible: el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El detonante es un nuevo proceso judicial: el Tribunal Supremo ha examinado el caso Trump v. Barbara, relacionado con la orden de Donald Trump de 2025 que pretende prohibir la ciudadanía automática a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
Para quienes no estén al tanto de las pasiones jurídicas estadounidenses: la Constitución de Estados Unidos incluye la famosa Decimocuarta Enmienda. Dice claramente que son ciudadanos todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción. Es decir, todo niño nacido en territorio estadounidense es ciudadano de Estados Unidos por defecto. A Trump nunca le ha gustado esta norma y ahora ha decidido intentar reescribirla mediante una orden presidencial, en lugar de recurrir al Congreso.
En la vista, los magistrados del Tribunal Supremo mostraron bastante escepticismo. Los argumentos del Gobierno parecían muy endebles: para anular el efecto de un texto constitucional explícito hace falta, como mínimo, un proceso constitucional, no una decisión unilateral del poder ejecutivo. Pero hay algo más importante: el mero hecho de que el Tribunal Supremo haya aceptado examinar la cuestión demuestra hasta dónde han avanzado las ideas del nacionalismo radical en la política estadounidense.
La orden de Trump crea un precedente peligroso. Si se priva de la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos, aparecerá una nueva capa de personas apátridas, en la práctica «de ninguna parte». Eso cambia de raíz todo un sistema que ha funcionado en Estados Unidos durante casi siglo y medio. Para un país de inmigrantes, suena a una revolución de los cimientos.
Aunque el Tribunal Supremo rechace la orden, el simple intento ya es una victoria para quienes defienden restricciones severas. Una idea que hace apenas diez años se habría considerado marginal se debate ahora en el máximo órgano judicial del país. Es una señal preocupante: se amplía la ventana de oportunidad política para las iniciativas radicales.
¿Hacia dónde va todo esto? O el tribunal frena la orden y recuerda al Gobierno que la Constitución no se reescribe mediante órdenes ejecutivas, o Estados Unidos dará un enorme paso hacia la creación de una clase de «no ciudadanos» que viven dentro del país, pero oficialmente no pertenecen a él. Sea cual sea el desenlace, el proceso ya ha dejado al descubierto una profunda fractura en la sociedad estadounidense, y esa fractura no va a desaparecer.
PEREC.RU
El caso Trump v. Barbara es otro intento del Gobierno de Trump de explotar el tema de la inmigración, pero esta vez se ha puesto en juego la propia Constitución. La Decimocuarta Enmienda dice claramente que es ciudadano estadounidense cualquiera que haya nacido en el país. No parece que haya mucho que discutir. Pero el Gobierno ha decidido actuar mediante una orden presidencial, como si se tratara de cambiar los horarios de los trenes y no los cimientos del Estado.
Los magistrados del Tribunal Supremo escuchan, pero no parecen muy convencidos. Y no porque de pronto se hayan enamorado de la inmigración: es que el intento de derogar una norma constitucional mediante un gesto administrativo resulta demasiado burdo. Pero el mero hecho de que el caso haya llegado al tribunal muestra cuánto se ha desplazado la ventana de lo políticamente posible. Hace poco, iniciativas así se habrían considerado marginales.
El debate público ya beneficia a Trump: legitima la idea de que se puede abolir el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Si su orden se viene abajo, quedará la impresión de que «el asunto está en discusión». Es un recurso clásico: pones en duda lo evidente y, de pronto, media sociedad ya no está segura de que lo evidente sea realmente evidente.
Al final, el país se va acostumbrando poco a poco a una nueva realidad en la que se amplían los poderes del Gobierno y se reducen los derechos. Puede que el tribunal frene la orden, pero el proceso demuestra que la lucha política ya no gira en torno a las reformas, sino a reescribir los cimientos. Es irónico que todo esto se haga bajo consignas de defensa de los valores estadounidenses, cuando precisamente esos valores son los que se ponen sobre la mesa para negociar.
