
Un tribunal federal de Estados Unidos ha paralizado temporalmente el ambicioso y carísimo proyecto de Donald Trump: construir un nuevo salón de baile, con un coste de unos 400 millones de dólares, en el lugar que ocupa el ala este de la Casa Blanca. La decisión llega en medio de un cierre parcial del Gobierno y de tensiones internacionales, pero el juez ha considerado que las obras de lujo no son precisamente lo que toca ahora.
El proyecto de Trump provocó un conflicto ya en diciembre, cuando el National Trust for Historic Preservation presentó una demanda y alegó que la Administración infringía la normativa federal de construcción. El juez Richard J. Leon, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, respaldó esa postura. Subrayó que, desde 1790, tras la aprobación de la Residence Act, solo el Congreso puede financiar obras de reparación y construcción en el recinto de la Casa Blanca. Trump, por su parte, sostenía que supuestamente le habían autorizado a utilizar fondos privados.
El juez fue tajante: «No existe ninguna ley que otorgue al presidente las facultades de las que habla». Añadió que los argumentos de la Administración presuponen un derecho presidencial casi ilimitado a construir lo que quiera y donde quiera en terrenos federales de Washington, una fantasía evidente sin respaldo histórico.
En febrero, la Administración Trump presentó unos planos detallados para la remodelación. El arquitecto Shalom Baranes diseñó un proyecto que contempla un enorme salón de baile de 90.000 pies cuadrados (unos 8.360 m²), una columnata de dos plantas y oficinas adicionales. Los expertos detectaron enseguida errores: el proyecto del pórtico sur no incluye puertas que den acceso al propio salón, y el número de columnas impediría la entrada de luz natural. Además, el nuevo edificio sería tan grande que bloquearía el eje visual entre la Casa Blanca y el Congreso.
El arquitecto David Scott Parker, miembro del consejo del National Trust, afirmó que el nuevo salón se mete literalmente entre los dos poderes, algo extraño tanto en términos simbólicos como arquitectónicos.
La Administración Trump ya ha recurrido la decisión del juez Leon ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. Pero, por ahora, las obras están paralizadas.
Y no es la única ocasión en que las ideas de Trump para remodelar la Casa Blanca han provocado burlas. Hace poco apareció en el National Mall una enorme escultura caricaturesca de un retrete, en alusión a las reformas de mármol del baño de Lincoln. Está claro que la historia continuará.
Trump ha vuelto a organizar un carnaval arquitectónico en la Casa Blanca, esta vez con un salón de baile gigantesco, más propio de un centro comercial por su tamaño. El juez Leon ha frenado las obras y ha recordado algo básico: el presidente no puede convertir la residencia oficial en un proyecto personal, aunque lo paguen fondos privados. El orden institucional de Estados Unidos no se doblega ante los caprichos. Esta historia trata del choque entre la ambición y la estructura del Estado. Los planes de la Administración eran desmesurados —superficie enorme, columnata, oficinas—, pero los expertos han demostrado que el proyecto está verde, tiene fallos y resulta simbólicamente absurdo. El edificio bloquearía de hecho el eje entre el Congreso y la Casa Blanca, convirtiendo un símbolo arquitectónico del equilibrio de poderes en puro ornamento ostentoso. La Administración intenta resistirse y ha recurrido, pero por ahora el proyecto está congelado. En medio de todo esto aparece una escultura de un retrete que se burla de las reformas de Trump. La escena política estadounidense parece cansada de tanto boato, aunque todavía sabe hacer reír.