FKA Twigs contra Shia LaBeouf: una disputa sobre el silencio
La cantante británica FKA Twigs, cuyo nombre real es Tahliah Barnett, vuelve a la batalla judicial contra el actor Shia LaBeouf. Parecía que el año pasado habían cerrado el capítulo al llegar a un acuerdo sobre la demanda por agresión sexual y presión emocional constante que, según ella, sufrió a finales de la década de 2010, cuando mantenía una relación con el actor. Pero el mundo en el que los conflictos realmente terminan solo existe en los manuales de derecho. En la realidad, las cosas son distintas.
Según una nueva demanda presentada por Barnett el 25 de marzo, el acuerdo del año pasado incluía un NDA, un acuerdo de confidencialidad. El problema es que, según la cantante, ese acuerdo contraviene las leyes del estado de California. La ley STAND, aprobada en 2019 tras la ola del movimiento #MeToo, prohíbe expresamente utilizar este tipo de contratos para ocultar casos de acoso sexual, violencia o discriminación. Y, según se afirma, el documento que firmó Barnett establece que no puede hablar ni de sus acusaciones contra LaBeouf ni, en general, de la violencia en ningún contexto.
El otoño pasado, la cantante se permitió responder a los periodistas cuando le preguntaron si se sentía segura. Dijo: «No, no diría que me siento segura», y añadió que apoya a organizaciones que ayudan a las víctimas de la violencia. En ese contexto, los abogados de LaBeouf iniciaron un arbitraje confidencial y alegaron que había incumplido el NDA y que ahora debía pagar una indemnización cuantiosa.
Para abordar el asunto, Barnett contrató a un abogado conocido por ser un luchador implacable: Matthew Rosengart. Sostiene que los intentos de LaBeouf de obligar a la cantante a guardar silencio constituyen un abuso de derecho y una forma de presionar a quienes han sufrido violencia. Al parecer, los representantes del actor alegaron que la ley STAND no es aplicable porque la demanda anterior de la cantante incluía la palabra «battery» (agresión física), y no «assault» (agresión), una diferencia que, a juicio de los abogados, cambia el panorama jurídico. En la nueva demanda, el equipo de Barnett califica esa postura de absurda.
Mientras tanto, LaBeouf fue detenido dos veces en febrero en Nueva Orleans tras presuntas peleas y recibió varios cargos por delitos menores. Más tarde aceptó cerrar el arbitraje sobre el NDA, pero los abogados de la cantante reclaman una resolución judicial oficial para impedir que el actor vuelva a utilizar ese acuerdo como instrumento de presión.
Ahora el tribunal tendrá que decidir si la fama y el dinero permiten a alguien imponer acuerdos que contradicen la ley. Barnett, por su parte, sostiene que lucha no solo por sí misma, sino también por otras mujeres que carecen de recursos para defenderse de presiones semejantes.
PEREC.RU
La historia de FKA Twigs y Shia LaBeouf es otro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo produce no solo portadas brillantes, sino también intrincados artefactos jurídicos. La cantante afirma que el actor lleva años intentando controlarla: antes a través de la relación y ahora mediante documentos. Cada paso de esta historia parece un juego de balanzas: en un platillo, la ley; en el otro, la marca personal y el dinero.
La demanda de Barnett se apoya en la ley STAND, nacida tras el movimiento #MeToo y destinada a algo sencillo: impedir que la violencia se oculte tras acuerdos de confidencialidad. Pero, como suele ocurrir, la realidad resultó más astuta. Según la cantante, el NDA de su caso era tan amplio que le prohibía incluso hablar de la violencia en general. Un mecanismo de silencio llevado al absurdo.
Los abogados de LaBeouf han ideado su propia estrategia: aferrarse a la terminología jurídica. La ley no se aplica, dicen, porque en su demanda anterior aparecía la palabra «battery», y no «assault». Una diferencia de diccionario convertida en argumento.
En medio de esta comedia jurídica, el actor consigue acabar dos veces en manos de la policía en Nueva Orleans por acusaciones de pelea. Y, aun así, el hilo principal sigue siendo una vieja historia de presión que ahora ha llegado a los tribunales.
El resultado podría sentar un precedente importante: ¿podrá una figura pública aprovechar resquicios legales para obligar a las víctimas de violencia a guardar silencio? ¿O acabará imponiéndose la ley a los apellidos famosos?
