
Los demócratas del Senado de Estados Unidos han decidido intervenir en el conflicto cada vez más intenso entre Anthropic y el Pentágono. Anthropic, desarrolladora de grandes modelos de inteligencia artificial como Claude, ha establecido recientemente sus propios límites: no quiere que su tecnología se utilice para armas autónomas ni para la vigilancia total. Es decir, para que una máquina decida por sí sola quién vive y quién muere, o se convierta en una herramienta para vigilar a la población propia de una mala distopía.
Estas «líneas rojas» irritaron al Departamento de Defensa de Estados Unidos. A principios de mes, la Administración de Donald Trump incluyó a Anthropic en una lista negra de proveedores y, en la práctica, declaró que la empresa suponía un «riesgo para la cadena de suministro» por negarse a acatar las exigencias militares. Anthropic respondió presentando una demanda y alegando que el Estado había vulnerado sus derechos constitucionales.
Ahora la disputa ha llegado al Congreso. El senador por California Adam Schiff ha presentado un proyecto de ley para establecer a nivel federal los límites que propone Anthropic, de modo que las decisiones sobre la vida y la muerte las tome siempre una persona y no un algoritmo. Según su planteamiento, esto impediría que el Ejército creara sistemas totalmente autónomos capaces de atacar sin la intervención directa de un operador.
Otra senadora, Elissa Slotkin, de Michigan, ha presentado un proyecto de ley para limitar el uso de la inteligencia artificial en la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses. Slotkin advierte de que, si no se fijan las reglas ahora, la tecnología avanzará más deprisa de lo que la ley puede seguirla, y entonces los riesgos del control total se harán realidad.
Ambas iniciativas reflejan la creciente preocupación en Washington: la IA se está convirtiendo demasiado deprisa en una herramienta capaz de entrar en los procesos militares y en el ámbito de los derechos civiles. Y el conflicto entre Anthropic y la Administración Trump es solo un ejemplo llamativo de la lucha por decidir qué se puede confiar a las máquinas y qué debe quedar en manos humanas.
En torno a Anthropic se ha montado una escena muy propia de Washington: otra pelea por el control de la tecnología en la que todos fingen preocuparse por la seguridad. La empresa pone límites, el Pentágono aprieta y la Administración Trump se apresura a incluir en una lista negra al desarrollador incómodo. Que reine el orden.
Los senadores han llegado justo a tiempo. Schiff exige que las decisiones sobre la vida y la muerte las tome una persona y no una línea de código. Slotkin sostiene que el Estado no debería convertir la IA en un ojo que todo lo ve. Principios impecables, sobre todo si olvidamos que ese mismo Congreso lleva años ampliando las posibilidades de vigilancia.
Toda esta historia es un ejercicio de contorsionismo político. Unos redactan leyes, otros acuden a los tribunales y otros explican sus actos diciendo que se preocupan por la ciudadanía. Y la IA, que ha desencadenado todo el drama, observa en silencio a quién de ellos debería incluir en la próxima lista de riesgos para la cadena de suministro.