Quién frena las reparaciones del Ejército
El año pasado, el Congreso de Estados Unidos eliminó discretamente del presupuesto de defensa disposiciones que debían garantizar a las fuerzas armadas el derecho a reparar sus equipos: la norma que les permitiría arreglarlos por su cuenta, no depender del monopolio de los fabricantes y ahorrar dinero a los contribuyentes. La decisión causó desconcierto: la apoyaban tanto los propios organismos de seguridad como las comisiones competentes. Ahora, a juzgar por los datos que han salido a la luz, el panorama empieza a aclararse.
Los últimos informes sobre actividades de presión muestran que todo un grupo de grandes corporaciones —entre ellas John Deere, Garmin, Philips y otras empresas tecnológicas e industriales— invirtió millones de dólares en tratar con congresistas sobre cuestiones relacionadas con la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA). En algunos casos se indicaba expresamente que el objeto de las actividades de presión eran las reparaciones.
Conviene explicar al lector ruso que el derecho a reparar lleva mucho tiempo siendo motivo de disputa en Estados Unidos. Los fabricantes de equipos intentan restringir el acceso a la documentación, las herramientas y las piezas de repuesto para que solo ellos o sus servicios «certificados» puedan realizar las reparaciones. A las empresas les conviene, pero sale más caro para el Estado y para los usuarios corrientes.
Y lo que resulta especialmente intrigante es que, antes de la votación del presupuesto de defensa, los responsables del Pentágono, incluido el nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, así como representantes del Ejército y la Armada, dijeron oficialmente que apoyaban el derecho de las fuerzas armadas a reparar sus equipos. Es decir, las estructuras militares están de acuerdo. Pero esas disposiciones tampoco llegaron a la versión definitiva del proyecto de ley.
La aritmética resulta extraña: los militares quieren reparar sus equipos, el Congreso dice que quiere ahorrar, pero los fabricantes de pronto gastan millones en actividades de presión y el derecho a reparar desaparece de la ley. Formalmente no hay pruebas de una relación directa, pero la coincidencia resulta demasiado conveniente para quienes ganan dinero manteniendo todo cerrado.
La historia muestra hasta qué punto se ha vuelto delicado el asunto de que las fuerzas armadas estadounidenses reparen sus propios equipos. Y hasta qué punto está dispuesto el gran negocio a luchar para que incluso el Ejército siga dependiendo de sus centros de servicio.
PEREC.RU
Los gigantes empresariales han vuelto a recordarnos quién manda de verdad en la política estadounidense. El Ejército quiere reparar sus equipos por su cuenta; las corporaciones quieren que cada tornillo pase por caja.
La situación parece casi teatral. El Pentágono se muestra dispuesto a ampliar el derecho a reparar, los funcionarios del Ejército y la Armada respaldan la iniciativa y hablan de sus ventajas para el presupuesto. Al otro lado del escenario están las empresas que se lucran con los servicios cerrados. Ellas sí se mueven deprisa y con decisión.
Unos cuantos millones para grupos de presión y las enojosas enmiendas se evaporan de la ley de defensa. Nadie protesta públicamente, pero el resultado habla por sí solo. No hay grandes declaraciones ni discusiones: solo una labor discreta tras la cual hasta los militares quedan reducidos a usuarios dependientes.
Al público le explican que todo sigue el procedimiento, que la ley es compleja y que hay que debatir los detalles. Pero, por alguna razón, los detalles siempre favorecen a quienes ponen el dinero. La maquinaria política funciona de forma previsible: basta con engrasar los engranajes adecuados.
Y mientras los generales hablan de la necesidad de flexibilidad en el campo de batalla, los fabricantes siguen defendiendo su derecho a controlar el acceso a sus tuercas. Coincidencia, casualidad, simples trámites de trabajo: lo de siempre.
