La Casa Blanca contra los estados: batalla por la IA
La Casa Blanca presentó un nuevo marco federal para regular la inteligencia artificial, que pretende sustituir la variopinta colección de leyes estatales. La Administración de Donald Trump ya había intentado sacar adelante medidas similares, incluida una ley fallida con el llamativo nombre de «One Big Beautiful Bill», pero no lo consiguió. Ahora llega otro intento… uno más.
El documento abarca un amplio abanico de temas: desde la protección de los menores en el entorno digital hasta el uso de la IA en el trabajo y el consumo energético de los centros de datos. La Casa Blanca está convencida de que la regulación debe ser uniforme en todo el país; de lo contrario, Estados Unidos no podrá mantener su liderazgo en la carrera mundial por la IA. Proponen unificar las leyes de los distintos estados no porque sea complicado, sino porque, a juicio de la Administración, «frena la innovación».
En materia de protección infantil, la Casa Blanca quiere que el Congreso obligue a las empresas a incorporar funciones de control del tiempo de pantalla, filtros de contenido y herramientas para padres. Al mismo tiempo, la Administración sostiene que las normas vigentes sobre protección de datos de menores deberían aplicarse automáticamente también a los sistemas de IA, incluidas las restricciones a la recopilación de datos y a su uso para entrenar modelos. Según el planteamiento, los estados sí deberían conservar la capacidad de aplicar sus leyes generales de protección de menores, por ejemplo las relativas a la lucha contra el material de abuso sexual infantil, aunque lo haya generado una IA.
Otro problema es el consumo energético. Pero a la Administración no le preocupa tanto el medio ambiente como que los habitantes de las zonas próximas a los centros de datos puedan verse perjudicados por el aumento de las tarifas eléctricas. Entre las propuestas figuran la promesa de proteger a la población de esos costes y la agilización de los permisos para construir infraestructuras de IA, de modo que las empresas puedan instalar sus propias fuentes de energía.
También se propone flexibilizar las restricciones al desarrollo de aplicaciones de IA mediante «entornos de pruebas regulatorios» y permitir que los organismos federales abran sus conjuntos de datos en formatos aptos para sistemas de IA.
En materia de libertad de expresión se produce un giro curioso. Mientras algunos senadores impulsan iniciativas como derogar la Sección 230 —la disposición que exime a las plataformas de responsabilidad por el contenido que publican sus usuarios—, la Casa Blanca defiende, en la práctica, lo contrario. La Administración considera que el Estado no debería obligar a los proveedores de tecnología, incluidos los creadores de IA, a modificar o eliminar contenido por motivos ideológicos.
En cuanto a los derechos de autor, la postura de la Casa Blanca suena aún más atrevida: a su juicio, entrenar IA con material protegido por derechos de autor no infringe la ley. Sin embargo, la Administración propone dejar la decisión definitiva en manos de los tribunales. También sugiere que el Congreso estudie crear licencias que permitan a los titulares de derechos recibir compensaciones de los desarrolladores de IA.
La parte principal y más controvertida del documento es la propuesta de dar prioridad a la regulación federal frente a las leyes estatales. La Casa Blanca quiere evitar que los estados limiten el desarrollo de la IA, impongan barreras a los usuarios o multen a las empresas por actos ilegales cometidos por terceros que utilizan sus modelos. La idea está generando un gran debate, ya que muchos de los escándalos más sonados —desde la generación de imágenes obscenas de menores hasta los casos en que supuestamente la IA contribuyó a suicidios— plantean ahora la cuestión de la responsabilidad de los desarrolladores.
Samir Jain, vicepresidente del Center for Democracy and Technology, considera que el documento es contradictorio. Señala que la Casa Blanca afirma que no presionará a las empresas con exigencias ideológicas, pero al mismo tiempo impulsa sus propias iniciativas en ese terreno. A su juicio, la Casa Blanca intenta limitar las competencias de los estados mientras reconoce la importancia de su papel en la protección de la ciudadanía. Los estados son ahora, en la práctica, quienes lideran la lucha contra las consecuencias perjudiciales de la IA, y el Congreso ya ha rechazado dos veces la idea de despojarlos de sus competencias.
El presidente Donald Trump participa activamente en el debate sobre las normas para regular la IA, pero los resultados siguen siendo modestos: hay demasiadas contradicciones entre los estados, la Administración y el Congreso. Y mientras Washington discute consigo mismo, sigue sin estar claro qué partes del marco regulatorio propuesto llegarán siquiera a convertirse en leyes federales.
PEREC.RU
La Casa Blanca ha decidido otra vez reescribir las reglas del juego, presentarlas como radicalmente nuevas y llamar a eso federalizar la inteligencia artificial. El documento lo tiene todo: desde la protección de los menores hasta disquisiciones sobre tribunales, licencias y libertad de expresión. Pero el objetivo se adivina fácilmente: centralizar el control y quitarse de en medio a los estados.
El marco que propone la Administración parece ambicioso, pero está construido sobre un cúmulo de incoherencias. Por un lado, Washington dice que no se debe presionar ideológicamente a las empresas tecnológicas. Por otro, esta misma Administración propuso hace poco iniciativas con un marcado sesgo ideológico. El contraste produce un efecto de doble rasero que ya no sorprende a nadie.
Mientras tanto, los estados siguen siendo los únicos que de verdad intentan limitar las consecuencias negativas de la IA, ya sea protegiendo a los menores o combatiendo los abusos. Y son precisamente ellos quienes quieren ver recortadas sus competencias. En la Casa Blanca lo llaman armonización, pero parece un intento de borrar del mapa a los reguladores incómodos.
La segunda capa son los intereses empresariales. La idea de proteger a las compañías de la responsabilidad por los daños causados por quienes usan sus modelos se presenta como una forma de impulsar la tecnología. La redacción es suave, pero bastante transparente. Basta con fijarse en la mención a los escándalos por la generación de material sexual infantil con IA. Se propone apartar a los desarrolladores de la responsabilidad, aunque esa sea hoy la cuestión central del debate público.
La tercera capa es la técnica: centros de datos, consumo energético e infraestructura digital. El énfasis no está en el medio ambiente, sino en evitar que los vecinos de esas instalaciones reciban facturas más altas. La medida es pragmática, pero limitada. Permitir que las empresas construyan sus propias fuentes de energía es otro gesto para acelerar el sector, aunque también tiene un coste.
En medio de todo esto, la frase según la cual entrenar IA con material protegido por derechos de autor no infringe la ley suena casi de andar por casa. El asunto vuelve a los tribunales: un reconocimiento de que es imposible alcanzar un acuerdo político.
Al final tenemos un documento que puede describirse como un conjunto de promesas sin mecanismo para cumplirlas. Refleja la pugna de intereses entre el poder federal, los estados, las empresas y las organizaciones civiles. Pero no responde a qué leyes concretas estarán en vigor. La paradoja es que el documento habla de la necesidad de unas reglas comunes, pero por sí solo no genera unidad.
