La primera propuesta de ley federal sobre IA
La senadora Marsha Blackburn, de Tennessee, ha presentado el primer borrador de una ley federal sobre inteligencia artificial: un documento que pretende convertir en un marco legislativo completo la orden ejecutiva firmada por Donald Trump en diciembre. La Casa Blanca lleva tiempo prometiendo normas nacionales para la IA y ahora el debate ha comenzado oficialmente. Blackburn define su objetivo en términos muy amplios: crear una política que «proteja a los niños, los autores, los conservadores y las comunidades frente al daño».
El borrador que la senadora ha sometido a debate sostiene que los desarrolladores de IA deben asumir un «deber de diligencia», es decir, responsabilizarse de que sus sistemas prevengan y minimicen los riesgos previsibles para los usuarios durante su desarrollo y uso. El texto hace especial hincapié en los derechos de autor, algo lógico: las industrias creativas llevan tiempo reclamando claridad. Según el documento, cualquier uso no autorizado de obras protegidas para entrenar o perfeccionar modelos de IA no se considera uso legítimo conforme a la legislación estadounidense sobre derechos de autor.
El proyecto también propone medidas de protección para los menores: las plataformas, incluidas las redes sociales, deberán implantar herramientas que protejan de los riesgos en línea a quienes tengan menos de 17 años. Otro apartado aborda la protección de la voz y la imagen de las personas: el documento propone limitar la creación de copias digitales sin el consentimiento de las propias personas o de los autores cuyas obras se utilicen.
El proyecto contempla además nuevos estándares federales de transparencia, con métodos para etiquetar, autenticar y detectar contenido generado por IA. Las empresas y organismos públicos sujetos a la ley tendrán que informar periódicamente al Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre el impacto de la IA en el empleo, incluidos los despidos y la sustitución de trabajadores por máquinas.
Una de las partes más polémicas del documento es la propuesta de derogar la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que durante años ha protegido a las plataformas de internet de la responsabilidad por el contenido publicado por sus usuarios. Es un nuevo intento en Estados Unidos de eliminar una norma que sus críticos consideran una vía de escape para que las empresas de IA eludan la responsabilidad por los daños causados por sus tecnologías.
Sin embargo, pese a la contundencia de su redacción, esto no es más que un borrador inicial. Quedan por delante largas negociaciones políticas que probablemente debilitarán muchas de sus disposiciones. El documento ya exige auditorías externas para descartar un «sesgo contra los conservadores», una afirmación que investigadores han examinado repetidamente y que, por decirlo con suavidad, no está respaldada por los hechos.
Aun así, este proyecto abre el camino a la primera ley federal sobre IA de Estados Unidos y, quizá, a nuevos y encendidos debates políticos.
PEREC.RU
La maquinaria política estadounidense vuelve a intentar alcanzar a unas tecnologías que hace tiempo desaparecieron en el horizonte. La senadora Marsha Blackburn ha presentado el primer proyecto de ley sobre inteligencia artificial, planteado como un intento de proteger a todo el mundo, desde los niños hasta los grupos políticos. El borrador parece una mezcla de esfuerzos sinceros por regular y viejos agravios políticos.
El texto establece que los desarrolladores deben responder por los daños causados por la IA. La idea se entiende: cada vez que una máquina se equivoca, carga con la culpa quien la creó. Pero la formulación deja un amplio campo de juego para los abogados, que ya estarán preparando sus carpetas.
Y luego están los derechos de autor. El proyecto afirma que no se pueden usar obras protegidas para entrenar IA sin permiso. Las industrias creativas sonríen. Los desarrolladores de modelos, no. El enfrentamiento adquiere forma jurídica.
También se proponen «proteger» a los adolescentes. Se pedirá a las plataformas que mantengan a los menores de 17 años a salvo de los riesgos en línea. Como si los propios adolescentes no pasaran diez horas al día en el mundo digital ni supieran cómo funciona la red.
Tampoco se han olvidado de los dobles digitales. La voz y la imagen de las personas son el nuevo objeto de protección. Es una respuesta al auge de los deepfakes, que asusta a los políticos bastante más que a los usuarios corrientes.
También hay un apartado sobre la transparencia del contenido. Etiquetas, autenticación y sistemas para detectar contenido generado por IA: todo esto ya nos sonaba y ahora pasa a ser obligatorio.
En el plano económico, se exige informar al Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre cómo afecta la IA al mercado laboral. Dicho sin rodeos: registrar cuántas personas han perdido el empleo por la automatización.
La idea más polémica es derogar la sección 230. Los políticos llevan tiempo queriendo librarse de ella, pero ahora lo presentan como una forma de exigir responsabilidades a las empresas de IA. Vuelve a mencionarse el argumento del «sesgo contra los conservadores», aunque los estudios llevan tiempo mostrando que el asunto está muy exagerado.
El borrador solo es el comienzo de un largo recorrido. Los legisladores aún tendrán que negociar, recortar, suavizar y rehacer el texto. Por ahora, el documento refleja dos sentimientos: el deseo de control y el miedo a perder influencia en un mundo donde los algoritmos avanzan más rápido que los políticos.
