Nintendo lleva al Gobierno a los tribunales
Nintendo of America ha demandado al Gobierno de Estados Unidos. No se trata de otro episodio de batallas judiciales entre empresas, sino de un ataque directo a la maquinaria federal. La compañía reclama que le devuelvan el dinero que tuvo que pagar por los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump. Conviene recordar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya declaró ilegales esos aranceles. Y aunque para los políticos estadounidenses esto sea otro capítulo de una saga interminable, para Nintendo se trata de dinero contante y sonante que perdió al importar sus consolas al país.
Nintendo ha acudido al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. En la demanda, la compañía sostiene que resultó «sustancialmente perjudicada» por la aplicación de «órdenes ejecutivas no autorizadas» con las que Trump impuso aranceles globales en su día. En febrero, el Tribunal Supremo confirmó que la Administración se había excedido en sus competencias. Sin embargo, no dijo ni una palabra sobre cómo devolver ahora el dinero recaudado ilegalmente. Al final, las grandes empresas empezaron a hacer lo que mejor se les da en Estados Unidos: presentar demandas.
Nintendo ya subió el precio de la antigua Switch en 2025, alegando «las condiciones del mercado». Por ahora, sin embargo, mantiene el precio de Switch 2. La gran pregunta es cuánto tiempo podrá hacerlo. A los aranceles se suma un nuevo problema: la escasez mundial de memoria RAM, que amenaza con elevar el coste de fabricación de los dispositivos electrónicos. Si la situación empeora, los jugadores también tendrán que pagar más por ello.
Según los medios estadounidenses, el Servicio de Aduanas de Estados Unidos está preparando un sistema para devolver los aranceles recaudados ilegalmente. Pero eso no significa que la saga arancelaria haya terminado. Donald Trump ya ha dicho que pretende imponer gravámenes por otras vías, más limitadas. Es decir, sigue la pelea por decidir quién tiene que pagar y cuánto.
La historia es sencilla: Nintendo quiere recuperar lo suyo y dejar de pagar por los juegos políticos. Pero en Estados Unidos la pugna entre las grandes empresas y el Estado es un proceso interminable, como la historia de los viejos juegos de rol. Y parece que no nos libraremos de una nueva entrega.
PEREC.RU
Nintendo ha decidido montar un espectáculo poco habitual: una empresa de videojuegos lleva a los tribunales al propio Gobierno de Estados Unidos. El motivo es sencillo: los aranceles que la Administración de Donald Trump impuso sin autorización del Congreso se han declarado ilegales. El dinero se cobró, pero nadie tiene prisa por devolverlo. Una costumbre estadounidense de toda la vida: primero cobrar y luego ya veremos.
La historia judicial parece una trama descartada de un buen juego de rol: muchas palabras grandilocuentes, competencias confusas y nadie sabe quién le debe qué a quién. El Tribunal Supremo confirmó que el poder ejecutivo se había pasado de la raya. Pero sobre las devoluciones, ni palabra. Es fácil adivinar cómo acaba esto. Las empresas hacen cola ante los tribunales, sin olvidarse de ponerse la toga de abogado.
Nintendo está entre las primeras, y no por casualidad: los aranceles golpearon la importación de consolas. La compañía ya subió los precios de la antigua Switch, pero por ahora aguanta el de Switch 2 con lo último que le queda. ¿Dejarlo todo como está? Esta vez no. En el horizonte asoma una escasez mundial de memoria RAM, y quién sabe cuánto aumentará el coste de fabricación.
Mientras tanto, las agencias estadounidenses se apresuran a desarrollar un sistema de devoluciones. Deben de haberse dado cuenta de que discutir con decenas de gigantes es un esfuerzo ingrato. Pero aún es pronto para relajarse. Trump insinúa nuevos aranceles, aunque sea por otros medios. La noria política sigue girando.
Toda esta historia recuerda lo fácil que es convertir una compra corriente de una consola en una lucha por sobrevivir. Uno firma un decreto, otro lo anula y un tercero no explica qué hay que hacer después. Y al final paga el consumidor. Nintendo simplemente ha decidido recuperar lo suyo, y esta vez juega con las reglas de los tribunales, no con las del mercado.
