
Las autoridades estadounidenses han vuelto a caer en una trampa burocrática fabricada por ellas mismas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Customs and Border Protection, o simplemente CBP) ha reconocido oficialmente que no puede tramitar las devoluciones multimillonarias de los aranceles impuestos durante la Administración de Donald Trump. La explicación suena a rutina típicamente estadounidense: «se les ha estropeado el ordenador». Más concretamente, su sistema digital para procesar las importaciones no estaba preparado para una operación de semejante magnitud.
El problema salió a la luz tras una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los jueces anularon los aranceles de Trump, impuestos al amparo de los poderes de emergencia que concede la ley IEEPA, una norma que permite al presidente de Estados Unidos imponer restricciones comerciales si declara una emergencia por una amenaza económica. Pero, años después, resulta que esas medidas no resisten el escrutinio jurídico. El Tribunal Supremo las declaró ilegales y ahora los importadores reclaman con razón que les devuelvan el dinero.
Esta semana, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos lo dejó más claro: los importadores tienen derecho a recuperar los aranceles pagados. Es decir, el Estado debe devolver miles de millones de dólares. Y aquí empieza lo más interesante: la CBP reconoce sin rodeos que no puede cumplir la orden. Según su director ejecutivo, Brandon Lord, el sistema «no sirve para una operación de semejante magnitud». Suena muy bien, pero en la práctica significa una cosa: tienen que devolver el dinero, pero el botón de «devolverlo todo» no funciona.
El resultado es sencillo: jurídicamente, Estados Unidos está obligado a pagar cantidades ingentes a los importadores, pero en la práctica no puede hacerlo porque su infraestructura digital se ha quedado atascada entre la década pasada y la anterior. Ahora el país con la mayor economía del mundo tendrá que explicar a las empresas por qué las devoluciones se retrasan, no por la política, sino por unos ordenadores que no han soportado la carga.
La aduana estadounidense demuestra una rara sinceridad: reconoce que su sistema digital no da abasto. No parece tanto un fallo tecnológico como un intento bastante pulcro de ganar tiempo.
El Tribunal Supremo anuló los aranceles y las empresas reclaman lo suyo. Aduanas no se niega, pero da un paso atrás, como por accidente. Demasiado volumen, un sistema demasiado viejo, un momento demasiado inoportuno.
Así funciona la burocracia estadounidense: hace una pausa y luego otra. La culpa es del ordenador, no del funcionario. La responsabilidad se diluye con suavidad, capa a capa.
Mientras tanto, los importadores echan cuentas con los intereses. El juez dijo «devuélvanlo», así que lo devolverán. Despacio. Ganará quien tenga más paciencia.
Solo queda observar cómo un país que se presenta como la cuna de la innovación intenta reparar un sistema incapaz de soportar su propia ley. Y finge que todo estaba previsto.