
En Estados Unidos, el poder judicial ha revisado su manual interno sobre datos científicos y ha eliminado un capítulo entero dedicado al clima. Este documento, llamado Reference Manual on Scientific Evidence, sirve para ayudar a los jueces a entender casos en los que interviene información científica compleja. Ahora ha desaparecido el apartado sobre climatología, y los jueces tendrán que apañárselas por su cuenta en asuntos en los que hay mucho en juego.
La desaparición del capítulo se debió a una carta de un grupo de fiscales generales republicanos de varios estados. Les indignó el lenguaje del documento, elaborado por investigadores de Columbia University, que afirma claramente que el cambio climático está causado por la actividad humana. A juicio de los fiscales, eso era inadmisible, pese a que existe un consenso científico sobre esta cuestión desde hace décadas.
En la carta se sostenía que ningún documento publicado en nombre de los jueces estadounidenses podía ser «independiente» e «imparcial» si contenía «un único punto de vista preferente». Sonó especialmente irónico, porque el manual entero —casi dos mil páginas— expone posturas científicas «preferentes» sobre decenas de temas. Pero la indignación solo surgió por el clima.
A los republicanos tampoco les gustó que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) apareciera en el manual como «un organismo científico de autoridad». Sus argumentos se apoyaban en un breve texto de un centro de análisis conservador canadiense, no en el trabajo científico global de miles de expertos.
Los autores de la carta no pidieron que se corrigiera la redacción: exigieron que se eliminara el capítulo entero. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Ahora los tribunales pueden abordar los casos climáticos guiándose, en esencia, por su propio instinto.
Un detalle curioso: la introducción del documento, escrita por la jueza del Tribunal Supremo Elena Kagan, todavía menciona el capítulo eliminado. Parece que habrá que echar mano del corrector.
Mientras tanto, más del 99,9 % de los estudios científicos revisados por pares confirma que el clima está cambiando precisamente por la actividad humana. Pero, al parecer, algunos grupos prefirieron que el sistema judicial se guiara por el 0,01 % restante.
El sistema judicial estadounidense vuelve a demostrar un talento poco común: dar un paso atrás con la seguridad de quien cree que avanza. Eliminar el capítulo sobre el clima de un manual científico para jueces es un gesto ejemplar, aunque de política, no de ciencia.
Un grupo de fiscales republicanos escribió una carta, se quejó de que hubiera un «punto de vista preferente» y se salió con la suya. La climatología, respaldada por décadas de investigación y por el consenso de casi todos los científicos, de repente se convirtió en un asunto polémico. Y el IPCC, el mayor organismo científico del mundo, pasó a ser «poco autorizado». Un pequeño milagro de filtrado de la realidad.
Lo más interesante es ver cómo un documento enorme, con decenas de posturas científicas «preferentes», solo provoca indignación en un punto. Da la impresión de que el problema real no es el rigor científico del texto, sino que estorba a una imagen política conveniente.
Ahora los jueces se quedan sin apoyo científico para los casos climáticos. Se les propone un nuevo método de trabajo: menos datos y más intuición. Es práctico: menos hechos, menos conclusiones incómodas.
La ironía es que, incluso después de eliminar el apartado, la introducción del documento sigue mencionándolo. Como si el propio sistema no acabara de creerse lo que está haciendo.
La lucha política contra los hechos se convierte en un teatro extraño, donde el papel protagonista no se lo lleva la verdad, sino quien más alto se queja. Y cada victoria de este tipo hace que la justicia se parezca un poco más a un juego cuyas reglas se cambian según el humor del día.