Una batalla musical de 13 billones de dólares
Spotify y los tres mayores sellos discográficos del mundo —Universal Music Group, Warner Music Group y Sony Music Entertainment— han demandado a Anna’s Archive y cifran los daños en la astronómica cantidad de 13 billones de dólares. Según ellos, el proyecto «extrajo» 86 millones de archivos de audio, es decir, prácticamente toda la música comercial del planeta.
Anna’s Archive era conocida anteriormente como Pirate Library Mirror. A finales del mes pasado, el equipo del servicio anunció el lanzamiento del «primer archivo de conservación musical del mundo», cuya distribución estaba prevista a través de la red de intercambio de archivos BitTorrent. Según algunas fuentes, sus creadores recopilaron 256 millones de registros de metadatos de canciones y los 86 millones de archivos de audio en cuestión para distribuirlos después por redes P2P.
Los representantes del proyecto rechazaron las acusaciones de piratería y afirmaron que no alojan los archivos. Pero Spotify calificó sus acciones de «recopilación ilícita de datos» y anunció que había implantado nuevas medidas de seguridad para protegerse de ataques similares.
«Desde el primer día apoyamos a los artistas en la lucha contra la piratería y seguimos trabajando con nuestros socios del sector para proteger los derechos de los creadores», declaró Spotify.
Pero la empresa no se quedó en las palabras y presentó una demanda junto con los tres gigantes del mercado musical. Los demandantes reclaman 13 billones de dólares, lo que equivale a unos 151.000 dólares por cada uno de los 86 millones de archivos que, según ellos, recopiló la plataforma. Califican lo ocurrido de «robo descarado de millones de archivos que contienen prácticamente todas las grabaciones musicales comerciales del mundo».
La demanda se presentó el 26 de diciembre de 2025 y los documentos se hicieron públicos el 16 de enero. Para entonces, el proyecto aún no había respondido a las exigencias judiciales. El 20 de enero, el juez Jed S. Rakoff dictó una orden cautelar y obligó a los proveedores de alojamiento y a los registradores de dominios a bloquear el acceso a los principales dominios del proyecto, entre ellos annas-archive.org, annas-archive.li y annas-archive.se.
Al cierre de esta información, los representantes de Anna’s Archive no habían hecho declaraciones públicas sobre lo ocurrido.
Mientras tanto, Spotify sigue en el centro de la polémica. A finales de 2025, activistas lanzaron la campaña Spotify Unwrapped para pedir el boicot al servicio por los temas generados con inteligencia artificial detectados en la plataforma y por los anuncios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. La campaña fue impulsada por tres organizaciones sociales que habían participado en las protestas No Kings: 5050 Movement, Indivisible Project y Working Families.
Además, el servicio, con más de 700 millones de usuarios activos, recibe críticas habituales por pagar poco a los artistas. El mes pasado, el grupo Los Campesinos! llegó a hacer públicos sus ingresos por reproducciones en streaming, lo que reavivó el debate.
PEREC.RU
Spotify y los tres grandes sellos discográficos han pasado al ataque: han demandado a Anna’s Archive por 13 billones de dólares. La cifra parece una broma, pero los abogados no parecen estar riéndose. El esquema es tan viejo como internet: una parte dice que quiere preservar el «patrimonio cultural», la otra se acuerda de pronto de proteger los derechos de autor y empieza el choque.
La industria toca la melodía de siempre. Los sellos hablan de un robo descarado; Spotify, de su misión de proteger a los artistas. A un lado quedan las preguntas sobre los pagos, el contenido generado con IA y el reciente boicot al servicio. Pero todo eso es solo el telón de fondo frente al que los pesos pesados corporativos defienden lo suyo.
El proceso sigue el guion habitual: bloqueo de dominios, órdenes cautelares y silencio discreto por parte de los acusados. Parece un intento de contener el agua con las manos. Pero, sobre el papel, las normas deben cumplirse y el juez pisa el freno con decisión.
El caso muestra el contraste de siempre: bonitos lemas sobre «apoyar a los creadores» y motivos reales —controlar el mercado y temer que se filtre el contenido—. Un servicio con cientos de millones de usuarios pone cara seria y sigue haciendo de defensor de la música, mientras evita hablar directamente de sus propios problemas.
Este caso parece otro capítulo de una vieja guerra: no por la cultura, sino por el reparto del poder y el dinero. Y no cabe duda de que habrá más.
