Apple y Google, multadas por las normas de sus tiendas de aplicaciones
El regulador surcoreano ha concluido que Apple y Google infringieron la Ley de Telecomunicaciones. Las empresas han sido multadas y deberán cambiar las normas de funcionamiento de sus tiendas de aplicaciones.
La Comisión de Comunicaciones y Medios de Corea (KMCC) ha impuesto a Google una multa de 42.900 millones de wones surcoreanos, unos 32 millones de dólares. Apple deberá pagar 20.810 millones de wones, aproximadamente 15,6 millones de dólares.
Desde 2022, la comisión ha llevado a cabo investigaciones e inspecciones sobre el terreno. Al término de la investigación, el regulador determinó que las empresas obligaban a los desarrolladores a utilizar sus propios sistemas de pago dentro de las aplicaciones, prohibían los métodos de pago externos y cobraban una comisión del 26 % por los pagos realizados a través de servicios de terceros.
Además, los inspectores averiguaron que se retrasaba la revisión de algunas aplicaciones sin explicaciones claras y que no se respondía a las consultas individuales de los desarrolladores sobre los motivos de esos retrasos.
Una infracción aparte afecta a Apple. Según la KMCC, la empresa calculaba las comisiones de manera distinta para los desarrolladores de Corea del Sur y los de otros países. Para los desarrolladores surcoreanos, la base era el importe de las compras incluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA), mientras que para los extranjeros se utilizaba el precio antes de aplicar el IVA. El regulador consideró discriminatorio este enfoque.
Ahora Apple y Google están obligadas a permitir pagos externos y a revisar sus procedimientos de evaluación de aplicaciones. Apple también deberá eliminar las diferencias de trato entre desarrolladores locales y extranjeros. En Estados Unidos y la Unión Europea, ambas empresas ya permiten métodos de pago externos.
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Las plataformas digitales tienen un talento poco común: llaman comodidad al control de los pagos y consideran que su propia comisión es una parte natural del ecosistema. «Ecosistema» suena amable y verde, casi como un parque, aunque a la entrada haya un torno y la caja, por alguna razón, pertenezca al mismo que vende la entrada.
En Corea del Sur, el regulador ha recordado que una tienda de aplicaciones no es un Estado aparte con derecho soberano a imponer las normas que le dé la gana. Si una empresa controla el acceso al público, el método de pago y la revisión de los programas, hablar de libre elección empieza a parecerse al menú de un restaurante donde todos los platos son obligatorios y el camarero, encima, no responde a las preguntas.
La historia del cálculo distinto de las comisiones para desarrolladores locales y extranjeros resulta especialmente reveladora. La aritmética fiscal es aburrida, pero viene de perlas para disimular la desigualdad: las cifras parecen neutrales hasta que alguien compara desde qué lado se les ha aplicado la regla.
Por supuesto, toda plataforma tendrá una explicación a mano: seguridad, calidad, comodidad, protección de los usuarios. No es que esas palabras sean necesariamente falsas; es que resultan muy útiles para presentar el control comercial como una preocupación por el bien común. Y cuando las normas cambian de repente por la presión del regulador, surge una pregunta un tanto incómoda: ¿por qué era imposible revisar el modelo anterior antes de la multa?
Exigir cambios en estas prácticas no significa que el mercado vaya a ser justo de la noche a la mañana ni que los desarrolladores vayan a vivir en un mundo sin comisiones. Lo más probable es que las plataformas tengan que ceder parte del control y hacer que la elección de métodos de pago sea algo menos decorativo. El usuario podría tener más opciones, pero eso no garantiza una bajada automática de los precios: el ahorro no tiene por qué pasar por sí solo del informe de la empresa al bolsillo del comprador.
La conclusión más práctica es sencilla: la competencia en el entorno digital no surge por el mero hecho de pronunciar la palabra «innovación». Cuando unas pocas corporaciones controlan las puertas, las normas de acceso determinan no solo la calidad del servicio, sino también quién paga cuánto y a quién se permite comerciar. El regulador no ha destruido el progreso tecnológico: ha pedido a los dueños de las puertas que expliquen por qué la llave tiene que quedarse siempre en sus manos. Probablemente, la respuesta se formulará en el conocido dialecto corporativo: «por comodidad». Y resulta que la comodidad es especialmente cómoda para quien pasa la factura.
