VPN bajo el filtro
La Unión Europea prepara una amplia actualización de las normas de protección de los derechos de autor, que podría cambiar el funcionamiento de los servicios VPN, incluso para quienes nunca han accedido a emisiones piratas. La Comisión Europea estudia un sistema de mandamientos judiciales para toda la UE que obligaría a los proveedores a bloquear sitios y servidores con contenidos ilegales. Se trata de medidas que podrían incluirse en el paquete de reformas de los derechos de autor previsto para el segundo trimestre de 2027.
Según escribe Disruptive Competition Project (DisCo), el blog de la organización sectorial CCIA, que representa los intereses de las empresas tecnológicas, los proveedores de VPN también podrían quedar sujetos al sistema. Una VPN es un servicio que cifra la conexión a Internet y redirige el tráfico del usuario. Por lo general, estos servicios no vigilan qué sitios visita el cliente ni alojan contenidos propios. DisCo advierte de que las nuevas obligaciones podrían convertir herramientas de privacidad en vigilantes de la red.
Los bloqueos en sí no romperán el cifrado de las VPN. Pero, para cumplir las órdenes, es probable que los servicios tengan que cotejar el tráfico con listas negras; por ejemplo, comprobar las direcciones IP de los sitios o las consultas DNS, es decir, las solicitudes que permiten al dispositivo encontrar la dirección de un sitio web. Así, la VPN dejaría de ser un intermediario neutral para convertirse en un filtro. Mientras tanto, los contenidos piratas seguirían en la red: sus propietarios podrían pasarse a nuevos dominios o rutas.
Algunos países de la UE ya están introduciendo medidas similares. En 2025, un tribunal de París ordenó a cinco grandes servicios VPN bloquear más de 200 sitios con retransmisiones deportivas ilegales. Italia decidió ampliar su sistema Piracy Shield a los proveedores de VPN y DNS.
En España, en febrero, un juzgado de Córdoba exigió a NordVPN y Proton VPN que bloquearan direcciones IP vinculadas a retransmisiones ilegales de partidos de la liga de fútbol LaLiga. Más tarde, el mismo juzgado se negó a multar a NordVPN por incumplir la exigencia. Después, LaLiga pidió a la Comisión Europea que incluyera a NordVPN, Proton VPN, ExpressVPN y Surfshark en la lista de vigilancia contra la piratería.
DisCo señala una contradicción: el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) recomienda a los ciudadanos usar VPN como medio para proteger sus datos personales.
En julio, el máximo tribunal de la UE dictaminó que las VPN son herramientas técnicas legales y que sus proveedores no son responsables de que los usuarios eludan las restricciones geográficas. Sin embargo, la sentencia se refería a la responsabilidad por eludirlas, no a la obligación de bloquear sitios. Por tanto, no descarta que se dicten mandamientos para toda la UE dirigidos a los servicios VPN.
Si el sistema entra en vigor, es posible que algunos sitios dejen de abrirse a través de una VPN. Aún más grave es el riesgo de bloqueos excesivos: el filtrado por dirección IP es una herramienta rudimentaria que puede afectar a recursos inocentes. En España, la campaña de LaLiga ya ha provocado la desconexión de cientos de miles de dominios legítimos.
También hay un coste para la privacidad. Incluso unas exigencias limitadas de rastrear, filtrar o conservar datos sobre el tráfico pueden debilitar la protección que lleva a muchas personas a usar una VPN.
Por ahora no hay una decisión definitiva: la Comisión Europea aún no ha publicado su propuesta. La verdadera intención se pondrá a prueba cuando el paquete de reformas de los derechos de autor se presente en 2027.
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El control digital tiene una costumbre muy práctica: siempre llega vestido de gala con la protección de los derechos de autor. A la entrada, un objetivo noble; a la salida, otro intermediario al que se le pide que vigile el tráfico ajeno y responda por lo que no haya detectado. A la vigilancia, naturalmente, la llaman medida técnica: así se parece menos a la vigilancia.
Lo más curioso es la promesa de acabar con la piratería mediante bloqueos, aunque el contenido no desaparezca. Cambia la dirección, aparece una ruta nueva y el filtro sigue ondeando una lista que caduca más deprisa de lo que tardan en aprobarla. Eso sí, la responsabilidad se traslada con cuidado a servicios que no tienen ni los contenidos ni poder alguno sobre sus propietarios.
Luego entra en juego el bloqueo por IP, una herramienta tan delicada como un hacha de bombero. Una misma dirección puede alojar muchos recursos; por eso, combatir una retransmisión ilegal puede afectar a sitios que no tienen nada que ver con ella. Cuando la cuenta de dominios desconectados por accidente llega a cientos de miles, la palabra «selectivo» empieza a sonar a burla del diccionario.
Para los usuarios, el trato también es transparente solo sobre el papel: para proteger los contenidos, se propone que las VPN presten más atención a la conexión, la comprueben con listas y quizá hasta conserven datos del tráfico. Un servicio contratado por privacidad va asumiendo poco a poco el papel de controlador; como contratar una cortina y luego pedirle que lleve un registro de visitas.
¿A quién beneficia este montaje? A los titulares de derechos les promete una palanca de presión más amplia; a los funcionarios, la apariencia de actuar con decisión; y a las plataformas e intermediarios, nuevos costes y obligaciones. Y si el bloqueo afecta a un recurso legal, el usuario descubrirá la vieja magia burocrática: la decisión se tomó por el bien común y las consecuencias tendrá que resolverlas alguien por separado, probablemente durante mucho tiempo.
El Tribunal de Justicia de la UE ya ha señalado que las VPN son legales en sí mismas y que no responden por eludir restricciones geográficas. Pero entre «no es culpable de lo que haga el usuario» y «está obligado a filtrar su recorrido» queda espacio de sobra para nuevas regulaciones. La Comisión aún no ha presentado un proyecto, así que es pronto para sacar conclusiones definitivas, aunque la dirección ya nos resulte familiar.
En 2027, los legisladores europeos tendrán que decidir si se pueden proteger los derechos de autor convirtiendo herramientas privadas de comunicación en puestos fronterizos. Si la respuesta es afirmativa, probablemente los sitios piratas seguirán mudándose, mientras los dominios legales caen periódicamente en el fuego cruzado. Internet volverá a ser salvado de los infractores haciendo que vigile más atentamente a todos los demás.
