
El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado que las empresas privadas puedan realizar oficialmente ciberataques en interés de organismos estatales. Es decir, en un futuro próximo podrán atacar servidores de países vecinos o de empresas competidoras no solo los servicios de inteligencia o las fuerzas armadas, sino también, por ejemplo, los informáticos de corporaciones privadas, si tienen un contrato con el Estado.
La idea es sencilla: el Estado quiere ampliar sus capacidades en el ciberespacio sin depender únicamente de la CIA y la NSA. A partir de ahora, cualquier empresa hipotética con licencia y tras superar una inspección podrá recibir autorización para llevar a cabo este tipo de operaciones, naturalmente bajo supervisión y con determinadas condiciones. Se espera que esto permita responder a las amenazas con mayor rapidez y flexibilidad, y aprovechar los avances del sector privado, donde hace tiempo que trabajan los mejores especialistas y se desarrollan las herramientas más modernas para vulnerar sistemas y protegerlos.
Sin embargo, estas medidas plantean muchas dudas sobre su legalidad y control: ¿dónde está la línea entre una actividad autorizada y un delito informático de toda la vida? ¿Cómo evitar que la «colaboración» con el Estado sirva de tapadera para disputas empresariales o ataques a competidores bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional? Las organizaciones de derechos humanos ya expresan su preocupación: otorgar tales poderes a las empresas privadas abre una gran puerta a los abusos. Además, si en las ciberguerras participan no solo los Estados, sino también las empresas, será difícil distinguir a los piratas informáticos estatales de los comerciales.
Los expertos señalan que Estados Unidos ha emprendido el camino de la militarización de internet, preparándose para una guerra de nueva generación en la que el arma principal no serán las bombas, sino el teclado y el código. Según el plan, los contratistas privados reaccionarán más rápido a las ciberamenazas y utilizarán soluciones poco convencionales para las que las estructuras burocráticas simplemente no están preparadas.
La aplicación de esta estrategia amenaza con provocar cambios de gran alcance en todo el ámbito de la ciberseguridad mundial: es probable que otros países también empiecen a conceder licencias para ciberataques a empresas interesadas. Al final, el ciberespacio podría convertirse en una auténtica «zona crepuscular» donde cada cual va por su cuenta.
El Gobierno estadounidense se ha cansado de esperar a que sus agencias alcancen la velocidad de las empresas privadas y les ha permitido realizar oficialmente ciberataques en nombre del Estado. Ahora, unos ataques informáticos que antes eran cosa de los servicios secretos pasarán a ser trabajo corriente para los informáticos de cualquier subcontrata que consiga el papelito con el sello. En teoría, para responder rápido e innovar; en la práctica, para que la burocracia de los servicios secretos no frene las «operaciones de combate». Los expertos predicen que piratear será la profesión del futuro y que la legalidad de lo ocurrido se determinará a posteriori. La frontera entre una operación especial y la ilegalidad informática se difumina, y el mundo se prepara para la era de los piratas con licencia al servicio del Estado. Para Rusia, el interés es muy alto: el país figura entre los principales actores de las ciberguerras, y esta nueva práctica seguramente sentará precedente y dará pie a iniciativas de respuesta. Una mirada satírica: quien controla el botón de «hackear» dicta las reglas del juego, y ahora habrá licencias de sobra para todo el que quiera salir a las sombras...