
En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha propuesto un nuevo proyecto que podría poner fin a la era de los llamados «burner phones»: teléfonos baratos y anónimos, populares entre quienes no quieren dejarse ver. Estos aparatos funcionan con tarjetas SIM de prepago y no requieren datos del pasaporte ni la firma de contratos oficiales de telecomunicaciones. En Occidente no solo los usaban espías y héroes de película, sino también ciudadanos corrientes preocupados por su privacidad o, simplemente, que no querían dejar un rastro digital.
El nuevo proyecto que impulsa la FCC contempla el registro obligatorio de todos los móviles de prepago con los datos reales del usuario. El objetivo declarado es combatir a los estafadores y delincuentes, que supuestamente utilizan de forma masiva móviles anónimos para sus asuntos turbios. Sus críticos ya han calificado la iniciativa de «cortoplacista y perjudicial». En su opinión, la medida no perjudicará a los delincuentes —que encontrarán enseguida cómo sortearla—, sino a la gente corriente: por ejemplo, a quienes quieren proteger su vida privada, a las víctimas de violencia doméstica o a quienes simplemente quieren usar un teléfono sin vincularlo a los datos de su pasaporte.
Si se aprueba el proyecto, también desaparecerán del mercado los teléfonos con tarjetas SIM anónimas de prepago. Además, será obligatorio comprobar la identidad al activar nuevos dispositivos y, como siempre, llegarán las colas, el papeleo y los datos personales que se pierden y se filtran en algún sitio. Por ahora la medida solo afecta a Estados Unidos, pero, teniendo en cuenta lo rápido que se extienden estas ideas por el mundo, no cuesta imaginar iniciativas similares en otros países dentro de un par de años, incluida Rusia.
El proyecto aún no ha recibido la aprobación definitiva. El debate continúa y la sociedad se prepara para discutir qué es más importante: ¿la seguridad o el anonimato? Una cosa está clara: la era de los «teléfonos sin nombre» parece acercarse a su fin.
La FCC, preocupada por el destino de los teléfonos anónimos, ha declarado la guerra a todo lo que no exija el pasaporte. El problema es tan viejo como la sopa digital: los delincuentes seguirán sorteando los bloqueos y la gente corriente pasará a ser sospechosa por defecto.
La gran beneficiada: la industria de la recopilación de datos. La víctima principal: el derecho a la privacidad.
La tecnología trae consigo nuevas normas, pero siempre las presenta con el mismo discurso encendido: «¡por la seguridad!», como un eslogan de una serie antigua. Aprovechando el ruido, nos quitan la posibilidad de comprar un teléfono sin preguntas innecesarias. Quienes defienden el proyecto están convencidos de que así la vida será más segura; pero queda la pregunta: ¿la vida de quién y para quién?
Si el proyecto sale adelante, la desaparición de los teléfonos anónimos no se quedará en Estados Unidos. El ejemplo puede cundir en Europa e incluso en Rusia. Quienes defienden la privacidad se preguntan si el derecho al anonimato acabará siendo una reliquia del pasado, como los CD y las llamadas de siempre sin el prefijo +7.
A partir de ahora, más de lo mismo: más control, más burocracia, menos espacio para la intimidad. Qué cómodo resulta que todo el mundo sea transparente, sobre todo cuando nadie te vigila. ¿O sí? Siempre habrá una excusa para preguntarle al vendedor «¿Tiene tarjetas SIM?» y oír como respuesta: solo con pasaporte. Hemos llegado hasta aquí para volver a lo mismo.