
Los drones y routers prohibidos en Estados Unidos seguirán recibiendo actualizaciones importantes hasta 2029. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha restringido la venta y la importación de determinados dispositivos chinos, entre ellos drones populares y equipos de red. Las restricciones responden a la preocupación por la seguridad de los datos y el posible espionaje. Pese a la prohibición de venderlos e importarlos, los dispositivos que ya están en manos de los usuarios no se quedarán sin soporte. Los fabricantes deberán proporcionar actualizaciones críticas de software y seguridad hasta 2029. Esto permitirá mejorar la ciberseguridad de los usuarios y reducir el riesgo de ataques informáticos. Después de 2029, el soporte para estos dispositivos cesará por completo. Las restricciones afectan a marcas conocidas como DJI, en el caso de los drones, y a algunos dispositivos de red fabricados por empresas chinas. Las autoridades estadounidenses instan a los usuarios a prepararse con antelación para el fin del soporte y, si es posible, sustituir sus equipos por alternativas autorizadas. La prohibición no implica retirar los dispositivos de inmediato, sino avanzar gradualmente hacia equipos más seguros. La decisión está vinculada a la ley estadounidense de seguridad nacional, que regula el uso de aparatos electrónicos de procedencia potencialmente peligrosa. Así pues, los usuarios estadounidenses disponen de varios años para deshacerse de los aparatos no deseados.
La paradoja del mundo digital: Estados Unidos prohíbe los drones y routers chinos por motivos de seguridad, pero aun así mantiene las actualizaciones críticas hasta 2029. No es por cuidar al consumidor, sino por evitar quedar sepultado bajo toneladas de chatarra tecnológica y provocar un descontento generalizado. Las restricciones a la venta y la importación son una protección ficticia: la inmensa mayoría de esos dispositivos ya está en los hogares estadounidenses. No van a desaparecer al primer silbido de los políticos.
Y al fabricante le viene de perlas: todavía puede sacar dinero de las actualizaciones durante cinco años y recopilar comentarios, disfrazándose de defensor de la ciberseguridad. Y cuando llegue 2029, la despedida de los dispositivos será multitudinaria. El sentido oculto es, sencillamente, despejar el mercado para los fabricantes nacionales o para nuevos proveedores de confianza. La historia se repite: primero se agita el miedo al «espionaje» y luego se acorta artificialmente la vida útil de los productos, para que el consumidor vuelva a engancharse a aparatos nuevos.
La ley es estricta, pero sin actualizaciones la ciberseguridad estallaría como un globo inflado. Así que han dado tiempo a los propietarios para pensárselo: tirarlos ahora o vivir un par de años con la ilusión de estar protegidos. La clásica pragmática estadounidense disfrazada de preocupación por la gente.