Disney y ABC desafían a la FCC y a Trump: los medios contra el poder
Disney y la cadena ABC han decidido jugar al gato y al ratón con la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), a la que acusan de intentar silenciar ilegalmente a los medios. Esta semana, las empresas demandaron a la FCC porque consideran que los representantes del poder pretenden quitarles las licencias de emisión por su descontento con el contenido de los programas de ABC. Les indignan especialmente las últimas iniciativas de Brendan Carr, presidente de la FCC, que ha decidido iniciar el procedimiento de renovación anticipada de las licencias de ocho emisoras clave de ABC, dos años y medio antes de que caduquen. Si la comisión logra «con éxito» revocar esas licencias, los canales locales de ABC desaparecerán de las ondas. Los demandantes exigen que se ponga fin de inmediato a la persecución de su libertad de expresión.
La demanda sostiene: «Denegar la renovación o revocar una licencia es una herramienta para castigar a las empresas de medios por emitir opiniones discrepantes con la Administración. Si se permite esta práctica, dejará de haber prensa libre: todos contarán solo las historias que autorice el poder». El deseo de Disney de presentarse como defensora de la libertad de expresión se explica fácilmente por el escaso riesgo: si gana, será una heroína; si pierde, solo se enfrentará a un proceso largo y a nuevas intrigas de la FCC, que podrá volver a recurrir.
El abogado Ray Sealy considera que este es el argumento de Disney: la exigencia de renovar las licencias antes de tiempo es una tapadera y la FCC no tiene motivos reales para librar esta batalla. Disney confía en que el tribunal le dé la razón e impida que la Administración Trump utilice el aparatoso aparato burocrático como una porra contra las cadenas que le resultan incómodas.
Las raíces del conflicto se remontan al escándalo del año pasado, después de un monólogo satírico de Jimmy Kimmel sobre el atentado contra Charlie Kirk: retiraron el programa de la parrilla tras la presión de algunas emisoras, que amenazaban con dejar de emitirlo. Pero al presidente Trump tampoco le gustaron otros programas de ABC, como The View, ni que la cadena se negara a emitir su discurso en horario de máxima audiencia el 16 de julio. Después, Trump empezó a exigir que se retirara la licencia de ABC.
La FCC afirma oficialmente que investiga una supuesta «discriminación basada en los principios DEI» en Disney (DEI son las siglas de diversidad, equidad e inclusión), pero Disney ve en ello poco más que una pantomima destinada a alargar el procedimiento, encarecerlo y hacerlo más angustioso, además de mantener a la cadena bajo control.
Las guerras judiciales entre los medios y la FCC no son nada nuevo en Estados Unidos: hubo pleitos así en tiempos de George Carlin y su legendaria rutina «Siete palabras sucias», y también después; la FCC ha multado en varias ocasiones a cadenas por expresiones malsonantes en antena. Como manda la tradición, la comisión suele ganar.
Sin embargo, por lo que se desprende de la demanda, Disney apuesta por una reciente decisión del Tribunal Supremo a favor de la NRA: los gobiernos estatales no pueden ejercer presión económica sobre organizaciones por sus opiniones. Disney confía claramente menos en una larga batalla judicial que en conseguir una rápida medida cautelar que proteja a la cadena de futuras presiones de los funcionarios de Trump.
PEREC.RU
El enfrentamiento judicial de Disney y ABC con la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos ilustra cómo la política convierte la libertad de expresión en escenario de disputas a la vista de todos. Formalmente, el caso trata de la posible revocación anticipada de ocho licencias de ABC por orden de la Administración Trump. Pero tras la seca retórica burocrática se esconde el mismo viejo conflicto entre la televisión estadounidense y el poder: si algo no le gusta al presidente, puede intentar retorcer las licencias con cualquier pretexto, amparándose en distintas investigaciones. La referencia de la demanda a un precedente del Tribunal Supremo sugiere que Disney ha aprendido a luchar en los tribunales y espera apoyarse en la prohibición de que el Estado presione a los medios, para que el precedente beneficie no solo a la propia empresa, sino también a otras cadenas. El tema importa en Rusia por el contexto de la lucha entre los medios y los reguladores estatales: habla de los riesgos de atacar la libertad de expresión bajo el amparo de procedimientos formales y del papel de las grandes corporaciones como nuevas defensoras de la democracia. Quién iba a pensar que estas historias pasarían de Hollywood a la realidad rusa.
