
La encarnizada batalla por introducir la inteligencia artificial en las escuelas estadounidenses se recrudece. Nueva York, el mayor distrito escolar de Estados Unidos, estaba a punto de abrir una «escuela del futuro» especializada en IA, pero sus responsables cambiaron de opinión en el último momento, alegando la preocupación generalizada de los padres y la histeria colectiva ante la implantación precipitada de tecnologías de seguridad dudosa.
Los líderes del sector aseguran que, si se usa siguiendo las normas, esta maravilla tecnológica podría salvar un sistema educativo que ya está medio muerto. Los escépticos, sin embargo, empiezan a sospechar que la IA no será una ayuda, sino una fábrica de nuevos déficits en el desarrollo infantil. Los periodistas han investigado qué puede costarle a una escuela su idilio con la IA: han hablado con padres, defensores de la infancia, informáticos y promotores del control total de las tecnologías educativas.
Según Dylan Arena, director de ciencia de datos de McGraw Hill, la llegada de Internet y los portátiles a las escuelas fue en su día una «revolución» similar. Ahora toca otra sacudida, esta vez hacia la IA; solo que la revolución viene mezclada con vértigo y déjà vu: las plataformas en línea para evaluar conocimientos con funciones de IA, como ALEKS, existen desde hace un cuarto de siglo, así que tampoco es ninguna ciencia espacial.
Los gigantes de la tecnología educativa, como Instructure (Canvas, socio de OpenAI y Anthropic), reconocen que antes se debatía el acceso de los alumnos a la tecnología y ahora se analizan las consecuencias de su uso. Los desarrolladores sostienen que la IA escolar está, en realidad, domesticada: todo bajo control, los chats no entrenan la red neuronal y los menores de 18 años ni siquiera pueden acercarse a Gemini. Eso sí, apenas se realizan estudios largos y rigurosos sobre su efecto en el cerebro de los más pequeños.
Toda esta preocupación de escaparate no impide que los partidarios de la IA insistan en que una implantación sensata de las nuevas tecnologías podría ser poco menos que un salvavidas para la educación estadounidense: según ellos, la IA reduciría las desigualdades entre los niños con un montón de profesores particulares y aquellos que no tienen más que la tableta del colegio. Sus detractores, en cambio, alertan de ciberataques, del deterioro de las habilidades sociales, de «experimentos con niños» y de convertir las escuelas en un inmenso laboratorio de las grandes tecnológicas, donde meten a los alumnos como cobayas, pero gratis.
Cada vez se oye más el lema: «¡Paremos esto con una moratoria!». Los activistas exigen una pausa de dos a cinco años para entender, al menos, si compensa. Argumentan que ya nos tragamos el polvo en la carrera por las redes sociales y que ahora hemos metido en las escuelas, sin pensarlo dos veces, algo que ni siquiera regulamos. Los legisladores empiezan a proponer leyes, pero, según los participantes en la batalla, el Gobierno federal traslada la responsabilidad a los propios docentes y directores.
El debate sobre la introducción de la inteligencia artificial en las escuelas estadounidenses es el ensayo general de un gran choque entre tecnología y tradición. En la arena están docentes, padres, funcionarios y gigantes tecnológicos, cada cual con su propia agenda. Uno de los últimos episodios: el distrito escolar de Nueva York cancela a última hora la apertura de la primera escuela centrada en la IA, tras desatarse la preocupación de los padres y una ruidosa movilización contra la incorporación irreflexiva de nuevas tecnologías.
Los optimistas de la tecnología educativa y los grandes desarrolladores —Microsoft, Google, OpenAI— aseguran que un uso sensato de la IA puede ayudar a niños y docentes, reducir la carga de trabajo y combatir la desigualdad. Los integradores repiten que todo está controlado, que los datos personales no se filtran y que los productos de las grandes tecnológicas solo los usan los alumnos de cursos superiores. Los escépticos opinan lo contrario: la falta de normas federales claras, el aumento de los ciberataques y la ausencia de estudios concluyentes sobre el efecto en el cerebro infantil convierten las escuelas en laboratorios para que las empresas expriman sus beneficios.
Los llamamientos periódicos a una moratoria de entre dos y cinco años cobran fuerza: padres, científicos y legisladores exigen parar y hacer una evaluación rigurosa. Señalan la falta de estudios sobre los efectos a largo plazo y su rechazo a convertir a los alumnos en sujetos de experimentación. Mientras tanto, las empresas de tecnología educativa presionan para conseguir contratos multimillonarios y las autoridades federales se lavan las manos de antemano: cada distrito busca por su cuenta el límite entre un aula al estilo de Twitter y una con lápices. El debate se parece cada vez más al «Salvaje Oeste»: normas confusas, discusiones sobre seguridad y maniobras de inversores. La pregunta de siempre: ¿qué interés prevalecerá, el público o el corporativo, y conservarán los niños el derecho a aprender de personas y no de robots?