La trampa cibernética para las empresas
Las empresas británicas se enfrentan a un preocupante aumento de la ciberdelincuencia, que avanza tres veces más rápido que el crecimiento de las fuerzas del orden. Este desequilibrio crea las condiciones para que las empresas corran el riesgo de caer en la llamada «trampa del cumplimiento», en la que satisfacer los requisitos legales resulta prácticamente imposible. En el Reino Unido se debaten nuevas leyes que limitarían los pagos de rescates en caso de ataques con ransomware. El ransomware es un tipo de software malicioso que bloquea el acceso a los datos y exige dinero para desbloquearlos. Si estas leyes entran en vigor, las empresas se verán entre dos fuegos: por un lado, la creciente amenaza de los ciberataques y, por otro, las restricciones legales a la hora de responder. Los directivos podrían asumir responsabilidades si se considera que las acciones de la empresa incumplen las nuevas normas, incluso ante la dificultad objetiva de satisfacer los requisitos mientras la delincuencia crece a toda velocidad. En definitiva, las empresas británicas se preparan para una nueva etapa de lucha por sobrevivir en el espacio digital. Y será una lucha dura.
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El aumento de la ciberdelincuencia en el Reino Unido se está convirtiendo en una tendencia estable que las empresas tienen que aceptar como si fuera el clima. La policía crece despacio, como un coche viejo que no hay manera de arrancar en invierno. Los delincuentes actúan con más rapidez y empuje, y las empresas van quedando en el papel de espectadoras, no de participantes.
Esta historia tiene un nuevo ingrediente: las leyes que se preparan para prohibir o limitar los pagos de rescates en ataques con ransomware. En teoría, deberían acabar con el modelo económico de los ciberdelincuentes; en la práctica, crean más problemas a quienes sufren los ataques. Las empresas que cumplen la ley soportan una doble carga: amenazas desde fuera y multas desde dentro.
Los reguladores justifican sus iniciativas con buenas intenciones, pero resulta evidente que la responsabilidad se está trasladando a las empresas. Los directivos se encuentran en una zona de riesgo en la que cualquier paso puede interpretarse como una infracción. Así nace la trampa: cumplir las normas es casi imposible; no cumplirlas, peligroso.
Al observar todo esto, da la impresión de que el Estado intenta gestionar una tormenta digital con un paraguas de papel. A las empresas les dicen que aguanten, a ser posible sin derecho a equivocarse.
