
Nadezhda Tolokónnikova, cofundadora del colectivo artístico Pussy Riot, ha sido incluida en la lista federal de personas en busca y captura en Rusia. La decisión llega después de que el Comité de Investigación concluyera otra investigación preliminar y presentara cargos contra ella. Para quienes no sigan las novedades jurídicas del sistema ruso, recordemos que Tolokónnikova figura desde hace tiempo en la lista de los llamados «agentes extranjeros», en la que el Ministerio de Justicia la incluyó en 2021.
El Comité de Investigación sostiene que ha incumplido los requisitos de la ley rusa sobre «agentes extranjeros». Tolokónnikova está acusada de infringir el apartado 2 del artículo 330.1 del Código Penal, que prevé hasta dos años de prisión por distintas infracciones cometidas por personas declaradas agentes extranjeros, entre ellas no incluir la etiqueta obligatoria en las redes sociales o no presentar la documentación requerida.
En 2024, un tribunal del territorio de Krasnoyarsk declaró culpable a Tolokónnikova en dos ocasiones por infracciones administrativas relacionadas con la misma ley. Más tarde, cuando ya estaba fuera de Rusia, según la investigación, difundió materiales en una aplicación de mensajería sin la etiqueta obligatoria de «agente extranjero».
La noticia de la causa penal llegó unas semanas después de que Pussy Riot llevara a cabo una acción ante la sede de la empresa tecnológica estadounidense Ubiquiti en Manhattan. Las integrantes acusaron a la compañía de que sus equipos supuestamente son utilizados por las fuerzas armadas rusas.
Pussy Riot alcanzó gran notoriedad en 2012 tras la acción «Oración punk», dedicada a las presuntas irregularidades electorales y a la reelección de Vladímir Putin. Después de la actuación, Tolokónnikova y Maria Aliójina fueron condenadas a penas de prisión, pero quedaron en libertad antes de tiempo gracias a una amnistía previa a los Juegos Olímpicos de Sochi de 2014.
Desde entonces, las integrantes del movimiento han organizado repetidas acciones de protesta: desde la actuación en los Juegos Olímpicos de Sochi hasta saltar al campo durante la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2018. En 2022, Pussy Riot actuó en el edificio del Capitolio del estado de Indiana como reacción a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular el derecho al aborto reconocido por el precedente Roe contra Wade. Ese mismo año, Tolokónnikova publicó el primer mixtape de Pussy Riot, titulado «Matriarchy Now».
En 2023, el colectivo recibió el premio Woody Guthrie. En los últimos años, Tolokónnikova ha colaborado con diversos artistas internacionales, entre ellos Avenged Sevenfold, Nova Twins y Tove Lo, que produjo un mixtape entero suyo con la participación de Salem Ilese, Big Freedia, Hudson Mohawke e iLoveMakonnen.
En 2023, Tolokónnikova también anunció que estaba trabajando en una serie de ficción sobre Pussy Riot. Según explicó, el objetivo del proyecto es inspirar a «una nueva generación de rebeldes».
Nadezhda Tolokónnikova vuelve a ser objeto de atención estatal: la han incluido en la lista federal de personas en busca y captura. La versión oficial es de una sequedad extrema: incumplimiento de la ley sobre «agentes extranjeros». Pero detrás de esa formulación seca avanza la cadena habitual en historias así: acusaciones, causas administrativas, persecución penal. El pretexto formal ha sido la falta de una etiqueta en una aplicación de mensajería. Una etiqueta denigrante se convierte en artículo penal, y el artículo, en una señal.
En este contexto, resulta simbólico que la noticia apareciera poco después de la acción de Pussy Riot ante la sede de Ubiquiti en Nueva York. Hay demasiadas coincidencias de este tipo como para creer que son casuales. El sistema no tiene prisa, pero siempre vuelve a por quienes le irritan.
Pussy Riot lleva mucho tiempo construyendo su biografía a través de protestas, desde la «Oración punk» hasta las irrupciones en recintos deportivos y las acciones políticas en Estados Unidos. Esa imagen de rebeldía se vende tan bien como sus lanzamientos musicales. La serie sobre «una nueva generación de rebeldes» no hace más que consolidar la marca.
Al final, la parte jurídica de la historia queda como telón de fondo del viejo juego de siempre: a ver quién aguanta más. El Estado finge que mantiene el orden. El colectivo artístico finge que mantiene viva la protesta. Y la realidad, como de costumbre, se queda en algún punto intermedio: entre la aburrida redacción del Código Penal y las acciones espectaculares pensadas para lograr repercusión mediática.