
Una iniciativa bipartidista en el Congreso de Estados Unidos intenta frenar los esfuerzos de Donald Trump por eliminar un programa que cientos de miles de estudiantes internacionales han utilizado durante décadas. Se trata del Optional Practical Training, o OPT, un mecanismo que permite a los graduados extranjeros de universidades estadounidenses trabajar en Estados Unidos durante un año en su especialidad. Para los estudiantes de carreras STEM, el plazo se amplía a tres años.
El programa nació en 1992 y se convirtió en una especie de puente entre los visados de estudiante F-1 y los visados de trabajo H-1B, que obtienen los profesionales extranjeros para trabajar en empresas estadounidenses. Gracias a la OPT, muchos graduados pudieron afianzarse en su profesión, ganar experiencia y después pasar a un visado de trabajo propiamente dicho.
Pero ahora el programa se enfrenta a recortes o incluso a su desmantelamiento total. Donald Trump, que ha vuelto a ejercer una intensa presión política, vuelve a fijarse en los mecanismos migratorios, y la OPT está en su punto de mira. La Casa Blanca estudia la posibilidad de endurecer o cancelar esta práctica, lo que podría complicar mucho la vida a los graduados extranjeros y a las universidades, que dependen de los estudiantes internacionales como una importante fuente de financiación.
Los congresistas Sam Liccardo y Jay Obernolte, ambos de California pero de partidos distintos, encabezan la oposición a esta decisión. Su proyecto de ley propone blindar la OPT mediante una ley y cerrar así la posibilidad de eliminarla con un simple gesto administrativo. En otras palabras, intentan instalar un «fusible» político para que futuros intentos de limitar las oportunidades de los estudiantes extranjeros tropiecen con los límites legales y no dependan de la voluntad de un único presidente.
Para Estados Unidos, la cuestión no es solo humanitaria. Los graduados extranjeros ya forman parte de la economía estadounidense: trabajan en informática, ingeniería, biotecnología y educación. Empresas y universidades advierten de que, sin la OPT, el país perderá a una parte considerable de los jóvenes profesionales que sus propias universidades han formado.
El proyecto de ley apenas empieza a debatirse, pero si sale adelante, la OPT obtendrá por primera vez en 30 años la categoría de parte integral de la legislación migratoria, en lugar de ser un programa opcional. Esto podría frenar los intentos de la Administración Trump de «remodelar» el sistema de inmigración, al menos en este ámbito.
El programa OPT se ha convertido en otro campo de batalla de la política estadounidense. En vez de un debate sereno, hay amenazas de cierre, discursos triunfalistas y un intento de sumar deprisa un par de puntos políticos. Trump vuelve a fingir que combatir a los extranjeros salva la economía, mientras los empresarios se llevan las manos a la cabeza: alguien tendrá que trabajar en informática y biotecnología.
Los dos congresistas de California parecen casi conspiradores. Uno es demócrata, el otro republicano: un caso raro en el que personas de partidos distintos hacen algo útil en vez de discutir por las palabras. Proponen blindar la OPT por ley para que no dependa más del humor del presidente. Y hasta suena razonable.
La OPT es una herramienta antigua, nacida en los años noventa. Funcionaba con normalidad, no molestaba demasiado y ayudaba a jóvenes profesionales y empresas. Pero basta con que la política vuelva a acordarse de la inmigración para que empiece el juego de siempre: más ruido, menos sentido. Ahora las universidades están preocupadas, las empresas, inquietas, y los estudiantes, en vilo.
La ironía es que Estados Unidos se provoca a sí mismo la escasez de trabajadores cualificados. Las universidades forman a la gente y luego el viento político la expulsa del país. Pero lo importante es dar sensación de control. Si algo se puede declarar una amenaza, seguro que alguien lo declarará.
Al final, el destino de la OPT pende de una votación. Si se aprueba el proyecto de ley, el sistema será más estable. Si no, los graduados extranjeros tendrán que volver a preguntarse si encajarán en la próxima temporada política.