Los gigantes tecnológicos contra el Pentágono
Anthropic, la empresa estadounidense conocida por desarrollar sistemas de inteligencia artificial, ha demandado al Departamento de Defensa de Estados Unidos después de que la Administración de Donald Trump la calificara de «riesgo para la cadena de suministro». Esta etiqueta suele aplicarse a empresas extranjeras que el Gobierno considera una amenaza para la seguridad nacional. Pero esta vez le ha tocado a un peso pesado de Silicon Valley.
Anthropic sostiene que la decisión se tomó sin una investigación adecuada y que tendrá graves consecuencias para el negocio. La calificación de «riesgo» puede limitar la participación de la empresa en contratos públicos, complicar su trabajo con socios y poner en entredicho su reputación en un contexto de creciente competencia en el sector de la inteligencia artificial.
Pero lo más inesperado ocurrió pocas horas después de presentarse la demanda. Casi 40 empleados de OpenAI y Google —empresas que suelen considerarse competidoras directas de Anthropic— presentaron ante el tribunal un amicus brief, es decir, un escrito de apoyo. Entre los firmantes estaba Jeff Dean, científico jefe de Google y responsable del desarrollo del modelo Gemini. Afirmaron que las acciones del Gobierno podrían sentar un precedente peligroso y perjudicar a todo el sector tecnológico.
Según los firmantes, la decisión de la Administración Trump no solo socava la confianza en el sistema regulatorio, sino que también pone en riesgo el desarrollo de la IA en Estados Unidos. Señalan que el sector ya se enfrenta a retos complejos, desde la seguridad de las tecnologías hasta su posible impacto en la sociedad, y que imponer restricciones arbitrarias sin motivos claros es muy peligroso.
La historia se desarrolla en medio del revuelo que rodea a Anthropic desde hace semanas: la empresa crece, atrae la atención de los inversores y, al mismo tiempo, se enfrenta a una presión cada vez mayor por parte del Estado. Ahora el conflicto llegará a los tribunales, que tendrán que determinar si las acciones del Pentágono son legales o si se trata de una decisión política capaz de cambiar las reglas del juego para todos los desarrolladores de IA estadounidenses.
PEREC.RU
La industria tecnológica estadounidense vuelve a jugar al ping-pong político. Anthropic, otro participante en la carrera de la IA, intenta librarse de la etiqueta de «amenaza para la cadena de suministro» que le ha colgado la Administración Trump. La explicación formal apela a la seguridad, pero en el ambiente flota el olor a decisión política.
La reacción de OpenAI y Google anima el asunto. Casi cuarenta empleados, entre ellos Jeff Dean, han decidido intervenir. Competidores que normalmente no comparten ni datos ni talento se han puesto de pronto de acuerdo para defender a una empresa con la que se disputan cada punto de mercado. Da la impresión de que no les preocupa tanto Anthropic como que mañana les pueda tocar a ellos.
Su escrito ante el tribunal parece un intento de frenar el nuevo espectáculo regulatorio. Vienen a decir que, si el Gobierno puede señalar a quien quiera como «amenaza», todo el sector se convertirá en un conjunto de blancos. A las empresas de IA les encanta competir, pero no en un terreno donde las reglas se escriben sobre la marcha.
Anthropic, por su parte, intenta salvar la cara. Plantarle cara al Pentágono por la vía judicial es un gesto poco habitual en empresas que suelen preferir llegar a acuerdos. Pero cuando están en juego los contratos y la reputación, hasta las marcas tecnológicas pacifistas enseñan los dientes.
La industria observa, se ríe por lo bajo y finge que no está nerviosa. El mercado tecnológico hace tiempo que entendió que, cuando el Estado se pone a regular, siempre hay alguien que acaba bajo la alfombra. Y este proceso parece un intento de poner orden a oscuras: a tientas y con estruendo.
