Canadá le aprieta las tuercas a OpenAI
Esta semana, el Gobierno canadiense citó en Ottawa a los directivos de OpenAI, y la conversación, por decirlo suavemente, no fue precisamente amistosa. Los funcionarios exigieron explicaciones sobre por qué la empresa ni siquiera intentó avisar a las autoridades después de bloquear la cuenta de un usuario al que más tarde se sospechó de haber cometido una matanza en Columbia Británica. Se trata de Jesse Van Rootselaar, a quien los empleados de OpenAI habían señalado como potencialmente peligroso mucho antes de la tragedia. Perdió la cuenta por infringir las normas, pero nadie llamó a la policía.
El ministro de Justicia de Canadá, Sean Fraser, fue directo: el Gobierno espera cambios rápidos y reales en el sistema de seguridad de OpenAI. De lo contrario, añadió, el Estado se ocupará de regular la IA por su cuenta, y sin pedirlo por favor ni hacer advertencias. Aún no se sabe qué aspecto tendrá esa regulación. Los dos intentos anteriores de aprobar una ley sobre peligros en Internet fracasaron.
Mientras tanto, The Wall Street Journal publicó nuevos detalles: ya en 2025, algunos empleados de OpenAI pidieron dar la voz de alarma porque el comportamiento de Van Rootselaar en ChatGPT parecía presagiar violencia real. Sin embargo, la alta dirección decidió que el caso no cumplía sus criterios internos para avisar a la policía local. Y ahí acabó todo.
El ministro canadiense de Inteligencia Artificial, Evan Solomon, calificó esa práctica de «profundamente preocupante» y, antes de reunirse con OpenAI, dejó claro que las autoridades quieren protocolos de seguridad transparentes, umbrales de escalada precisos y normas claras sobre cuándo la empresa debe informar de una posible amenaza.
También aumentan la presión los procesos judiciales. OpenAI ya aparece mencionada en varias demandas por muerte por negligencia. En una de ellas, presentada en diciembre de 2025, se acusó a ChatGPT de reforzar las creencias paranoicas de un usuario que después mató a su madre y se suicidó. Otros casos tratan de situaciones en las que los chatbots de IA ayudaron a adolescentes a preparar planes de suicidio. Todo ello crea un telón de fondo ante el que las autoridades canadienses exigen nuevas garantías de seguridad a la empresa. La historia se ha convertido así en una gran prueba para OpenAI: hasta dónde está dispuesta a llegar para demostrar que sabe controlar sus tecnologías.
PEREC.RU
El Gobierno canadiense ha decidido darle una charla aleccionadora a OpenAI: pocas veces se cita a un gigante tecnológico para echarle la bronca en vez de invitarlo a una conferencia. Las preguntas de las autoridades son sencillas, casi escolares: por qué bloquearon a un usuario peligroso y no avisaron a nadie. La empresa responde con evasivas, como si no hubiera pasado nada, y los ministros fruncen el ceño como quien vuelve a escuchar a un adolescente decir que «se le olvidó» hacer los deberes.
El tiroteo ha servido de pretexto. Canadá lleva tiempo intentando aprobar leyes sobre contenidos dañinos en Internet, pero siempre se tuerce algo. Ahora tiene un argumento nuevo y un culpable a mano. La idea de que la IA pueda detectar señales de alarma y no tenga obligación de avisar a nadie irrita demasiado a los políticos como para dejarla pasar.
OpenAI tampoco sale bien parada. Las demandas relacionadas con suicidios y asesinatos en torno a ChatGPT pintan un panorama sombrío, pero ayudan a crear ambiente. Con noticias así, cualquier regulador se siente salvador de la civilización, aunque solo esté haciendo preguntas. La empresa intenta explicar sus criterios de escalada, pero suena tan convincente como decir que «la culpa es del chatbot».
Al final, los canadienses fingen que están a punto de poner orden y OpenAI finge que lo tiene todo bajo control. Un teatro cansino en el que todos entienden que el objetivo real no es la seguridad, sino la influencia. Pero el decorado sigue en pie y la función continúa.
