Juicio contra la IA: el secreto ha desaparecido
Un tribunal federal de Estados Unidos ha zanjado por sorpresa una cuestión que llevaba tiempo gestándose: ¿pueden considerarse protegidos por el secreto profesional de los abogados los materiales creados por una red neuronal? El juez Jed Rakoff, que trabaja en Manhattan, ha dicho que no. Por mucho que la IA se esfuerce en parecer una interlocutora inteligente, no es abogada, así que los documentos que genera no están amparados por la confidencialidad jurídica.
El caso es el de Bradley Heppner, director de la empresa Beneficient, acusado de fraude con valores y transferencias electrónicas por valor de 150 millones de dólares. Según la investigación, entre 2018 y 2021 puso en marcha una trama que acabó con su detención. Antes de ser arrestado, Heppner había creado 31 documentos en el chatbot Claude, desarrollado por Anthropic. Después entregó ese material a su abogado. Pero más tarde los documentos llegaron a manos de los investigadores, y los fiscales sostuvieron que eran simples materiales de trabajo, no correspondencia estratégica confidencial.
La defensa replicó que, aunque la IA hubiera redactado el texto, la información se basaba en consultas con abogados y, por tanto, debía permanecer protegida. Además, los abogados de Heppner señalaron que ellos mismos aparecían en esos documentos, lo que podía generar un conflicto de intereses y poner en peligro todo el proceso. El juez Rakoff reconoció que sí, que podía haber un conflicto, pero que de secreto profesional no había nada que hablar.
La historia es otro episodio del creciente pulso entre los creadores de IA, los defensores de los derechos civiles y los especialistas en seguridad digital. Los directivos de varias empresas, entre ellos el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, aseguran que las conversaciones con la IA deberían tener el mismo nivel de protección que las consultas con un médico o un psicoterapeuta. Argumentan que cada vez más usuarios acuden a la IA con preguntas personales e incluso médicas.
Sin embargo, la realidad es que muchos desarrolladores de IA ya permiten a las autoridades consultar el historial de conversaciones. Y mientras las empresas intentan parapetarse tras la pantalla del «caja negra», los datos de los chats se han convertido en pruebas clave en casos de infracciones y errores.
Mientras tanto, los defensores de los derechos civiles dan la voz de alarma: la IA recopila y almacena demasiados datos de los usuarios. Los desarrolladores se ven obligados a reaccionar: introducen modos de incógnito y reducen la cantidad de información que conservan. Pero, por ahora, hay algo evidente: las conversaciones con la IA carecen de inmunidad jurídica, y el conflicto entre la tecnología, el derecho y la realidad no ha hecho más que empezar.
PEREC.RU
El juez Jed Rakoff ha vuelto a ejecutar un clásico truco legal: ha sacado a la luz lo que los desarrolladores de IA intentan esconder. Los documentos creados con Claude se consideran papel corriente, no un susurro jurídico confidencial. La industria de la IA intenta convencer a todo el mundo de que sus chatbots son casi psicoterapeutas, pero el tribunal ha preferido no dejarse llevar por fantasías.
Los creadores de IA juegan a dos bandas: recopilan datos, prometen privacidad y luego resulta que las instituciones públicas pueden leer los chats tranquilamente. Todo parece una mezcla extraña de romanticismo tecnológico y pragmatismo corporativo.
Y los defensores de los derechos civiles son los únicos que intentan recordar que, si se recopilan datos, tarde o temprano saldrán a la luz. La historia de Heppner solo subraya que la IA puede ayudar a redactar documentos, pero no está preparada para hacerse responsable del secreto profesional. Quién sabe si a los propios desarrolladores les sorprende o si solo fue otro intento de vender la idea de la privacidad por más de lo que vale.
